Irresponsable amnesia

Esta semana el PSOE ha apoyado una moción de ERC que plantea la amnistía de los delincuentes catalanes presos y la autodeterminación de Cataluña, dando oxígeno electoral a la mesa de gobiernos, y todo ello, con Podemos de palmero abogando por el «derecho a decidir», un triste epítome de la actual situación política con un gobierno, el de Sánchez, claudicante en la defensa del estado de derecho y de nuestra Constitución. En el PSOE y en el Gobierno saben que la amnistía a los condenados por el golpe de estado en Cataluña es un imposible constitucional, y que el indulto es un imposible jurídico. La amnistía, a diferencia del indulto, estaba prevista en el artículo 112.3º del antiguo Código Penal de 1973 expresando que «extingue por completo la pena y todos sus efectos»; este texto desaparece con el Código de 1995 y sólo se expresa el indulto como causa de la extinción de la responsabilidad criminal, en el artículo 130.1.5º ; este cambio no es menor, la amnistía, total amnesia frente al delito y a sus consecuencias, es diferente del indulto, el cual no hace desparecer los antecedentes penales al ser solo un perdón de la pena, nunca del delito.

No albergo duda alguna de que en nuestro sistema constitucional la amnistía no cabe, sería absolutamente inconstitucional. La Constitución solo se refiere al derecho de gracia en exclusiva al indulto, y así el artículo 62.i dispone: «Corresponde al Rey... Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales»; no menciona la amnistía, quedando fuera de la Constitución. Los independentistas siguen reclamando la amnistía dentro de su estrategia de abrazo a la irracionalidad del fundamentalismo.

Por otro lado, el «derecho a decidir» esta proscrito tanto por el Derecho interno español como por el Derecho internacional, el cual, en referencia a la descolonización de las antiguas colonias establece que todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas» (Principio 6 de la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas); en su resolución 2625 excluye que ese «derecho a decidir» pueda entenderse en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes», que «estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color».

La cuestión es por qué ante esto el gobierno de la Nación, cuyo principal cometido es defender nuestro orden constitucional, a ello se comprometieron todos sus miembros, decide admitir un marco de diálogo sobre aquello que no es disponible, salvo que se trasmute nuestra concitación con una profunda reforma. La amnistía no cabe, el indulto al que no se arrepiente, ni pide perdón, puede entrar de lleno en la prevaricación, y la cuestión es por qué, por qué se hace esto, y sobre todo a quién pretende engañar quien actúa así.