Érase una vez en España...

En su primera acepción es la «cualidad de responsable». En la segunda se trata de «la deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal». La tercera apunta al «cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado». Y el último significado que la RAE atribuye a la palabra responsabilidad es «la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente». Quizá haya quien no termine de encajarlo, pero en algún punto entre todas estas definiciones se encuentra la esencia del compromiso público: las claves que rigen el contrato firmado entre los ciudadanos y sus representantes. Los cargos con sus cargas, que decía mi abuela.

Y no es que sean, ni mucho menos, reminiscencias culposas o actos de contrición de otros tiempos, sino que las acciones tienen sus consecuencias. Y, en estos días agitados que atraviesa la política española, las reacciones y las repercusiones por lo hecho van llegando tarde: la renovación en el PSOE, el partido afectado por la trama corrupta, la respuesta de los socios de investidura y/o legislatura, la cuestión de confianza, el paso a un lado para dejar nuevos liderazgos y, en última instancia, la convocatoria de elecciones. Nada se concreta, pese a que opciones hay muchas y motivos, más. De hecho, sobran, a lo Sabina. Y no solo porque el Gobierno llegara para acabar con la corrupción y como ejemplo de vida limpia hace ahora varios junios y convirtiera la lucha contra los fraudes a lo común en «leitmotiv» de su gestión. Tampoco porque se hayan incumplido los compromisos de que «pedir perdón no era suficiente» cuando las irregularidades estaban en la bancada de enfrente. Ni siquiera porque ya no sean válidos los límites de la responsabilidad «in vigilando» y se forzaran dimisiones por elegir «números doses» dudosos (véase Ábalos-Koldo). No es solo por haber sembrado la duda sobre el Estado de Derecho y uno de sus poderes principales, el Judicial, extendiendo la sombra del «lawfare» a las actuaciones de tantos jueces que cada día interpretan y ejecutan la ley de manera imparcial y honesta ni por el daño exterior y la imagen de deterioro que se proyecta y que choca con esa idea de marca España que tanto se ha querido proteger. No es solo por todo esto, que también, basta recordar un tiempo en España en que no lograr aprobar unos presupuestos, el guion hecho cuentas de un proyecto político, era motivo suficiente para acudir a las urnas. Érase una vez...