Los ricos

La emigración fiscal de los youtubers ha vuelto a poner de actualidad el mito de que son los ricos quienes sostienen el Estado de Bienestar. Son las rentas más altas, se nos dice, las que financian la mayor parte de servicios públicos. Semejante argumento adolece, empero, de una importante laguna a la hora de cuantificar cuál es la aportación real de «los ricos» al sostenimiento de las cuentas del Reino. Vayamos a las estadísticas del IRPF del año 2018 (las últimas disponibles): allí comprobaremos que los contribuyentes que ingresaron más de 600.000 euros anuales (apenas 11.300 personas en todo el país, equivalentes al 0,06% de todos los declarantes) transfirieron al Fisco 6.500 millones de euros (es decir, el 8% de todo lo recaudado en concepto de IRPF). Si extendiéramos algo más la definición de «rico» para incluir en esta categoría a todos los que ingresan más de 150.000 euros anuales, descubríamos que este colectivo (compuesto por 112.000 contribuyentes, el 0,55% del total) le proporcionó al Tesoro unos 14.500 millones de euros (el 18% de todo lo recaudado por IRPF durante ese año). Y, finalmente, si aún quisiéramos volver más laxa la definición de rico para computar a todo el que cobra más de 60.000 euros al año (unos 855.000 contribuyentes, el 4,2% del total), comprobaríamos que fueron responsables de una recaudación de 32.000 millones de euros (el 40% del IRPF). Parecerá, claro, que estas cantidades son muy importantes para el sostenimiento del sector público, pero tengamos presente que, durante ese mismo ejercicio, los ingresos totales del Estado ascendieron a 470.000 millones de euros: en otras palabras, el IRPF «de los ricos» apenas representó, en el mejor de los casos, el 6,8% de los ingresos públicos totales. Y aun considerando que los ricos también pagan impuestos por otras vías menos progresivas que el IRPF (como el IVA, los impuestos especiales o las cotizaciones sociales), debería quedar claro que el grueso de la recaudación estatal procede de la población no rica. Lo cual, a su vez, debería darnos pistas de que, en realidad, la inmensa mayoría de ciudadanos no necesita del Estado para acceder desde el sector privado a servicios como la educación, la sanidad o las pensiones: solo necesita que no la saqueen a impuestos.