El envejecimiento, serio problema económico en España

Cuando se analizan los riesgos que se alzan ante nuestro desarrollo económico, ocupa un primerísimo lugar el derivado de nuestra realidad demográfica. Por ejemplo, se observa con claridad, que la financiación de los pasivos de la Seguridad Social se acerca, peligrosamente, a la famosa relación 1/1, que muestra que, respecto a cada obrero, lo que tenderá a sumarse al coste salarial de los activos es el pago del retiro, que según el criterio de Posada, fue la característica de la disposición de 1939, la cual actualizó lo promulgado en 1919.Y esa cantidad, que se agrega en cuanto al coste laboral a los salarios -como demostró, para siempre, Phillips-, frena el empleo, y genera la alternativa de la necesidad de un incremento en el gasto público, que provoca, a su vez, aumentos en los déficits del sector público. Ese incremento, dado el actual fortísimo endeudamiento, respecto al PIB, sencillamente pasa hoy a ser intolerable.

Y el panorama parece muy oscuro, frente al futuro, por la caída considerable de la natalidad. Para mantener la estabilidad de la población española, sería obligado que la tasa media de fecundidad, o sea el número de hijos por mujer en edad fértil tuviese una magnitud de 2,1 hijos. En el año 1900, esa tasa era de 3,53; en el año 1975 era de 2,80; su descenso prosiguió y en el año de 1981 era, ya, de 2,04; la baja continuó; en el 2005 fue sólo de 1,41. En algunas regiones, como en Asturias o en el País Vasco la cifra está por debajo de 1. Disposiciones recientes sobre respaldo económico para las familias con más hijos, incluso las eliminan. España no desarrolla la política demográfica que se observa en Francia, o en Suecia, a pesar de las denuncias efectuadas, por multitud de estudiosos y desde luego por economistas, como por ejemplo vemos en los trabajos de Macarrón.

¿No existe, pues, más solución para el mantenimiento futuro de la población, que activar la función de producción denominada Cobb-Douglas, con la llegada de emigrantes? Esa solución crea problemas adicionales notables, pero da la impresión de que no existe, hacia el futuro, otra manera.

Mas, he aquí que aparece un nuevo planteamiento capaz de compensar esta caída de la natalidad. Recientemente, se han publicado trabajos interesantes que señalan alternativas diferentes a la inmigración. Por ejemplo, es lo que se desprende de una serie de análisis colectivos, que la profesora Rocío Fernandez-Ballesteros, de la Universidad Autónoma de Madrid y una serie de colegas, centraron en el análisis de la productividad de los posibles miembros de la población activa. Nos encontramos, así, recientemente, con trabajos publicados, por ejemplo, en Research on aging, 2010, con el complemento de aspectos sociológicos, gracias a las aportaciones de Juan Díez-Nicolás. ¿Y qué señalan?

Tomo de un manuscrito de la profesora Fernandez-Ballesteros unas tesis que resultan fundamentales en este sentido, por cuanto critica que es necesario puntualizar muy seriamente una afirmación, con raíces en tesis de Posada, pero que se remonta al siglo XIX: las personas mayores deben recibir pensiones, no como consecuencia de no tener posibilidades aceptables de contribuir a la actividad económica empresarial competitiva, sino, sencillamente, porque merecen un retiro. Y por olvidarlo, se señala, en el estudio EREA, N2458, que un gran grupo de los actuales pensionistas pueden participar perfectamente en el proceso productivo, y no ser únicamente miembros de las clases pasivas, y por lo tanto, ser elementos muy positivos en la función de producción. Los datos que se aportan en los ensayos Productivity in Old age, y en Cultural aging stereotypes in European Countries: Are they risk to Active Aging?,van en esa línea.

De todo eso se deriva la posibilidad que surgiría de un cambio legislativo importante, que superase lo que se inició en un ambiente económico y demográfico totalmente dispar al actual; en el fondo, por una mayor pobreza existente en el mundo anciano. Los avances logrados por nuestra sanidad, así como por niveles educativos más adecuados, se suman a un panorama nuevo, subyacente al mensaje que formula la profesora Roció Fernandez-Ballesteros, bajo el título de «Un capital humano desperdiciado»: «Parece necesaria la abolición de la jubilación obligatoria o la conversión en voluntaria (como así se propuso, por la UE, en la Estrategia de Lisboa (2000)», para dar «un paso y una condición para el aprovechamiento del capital humano que implican las personas mayores, (cuestión prioritaria) para abordar un diálogo y pacto social y para reducir las imágenes negativas sobre el envejecimiento y la vejez». Al comenzar el debate sobre estas cuestiones, complicadas en España a causa del problema de la natalidad, da la impresión de que debe iniciarse, de ahora en adelante.

Juan Velarde Fuertes es economista y catedrático