De la alarma al vacío

Hoy dejamos legalmente de estar en estado de alarma, que no significa que no estemos alarmados, pues hemos pasado de recibir un aluvión de propaganda acerca de la necesidad de estar #unidos para salir más fuertes, a una «cogobernanza», que para Sánchez parece significar «sálvese quien pueda». Se afirmó que el virus no tenía horarios ni distinguía de fronteras, y ahora resulta que cada autonomía puede actuar como quiera para controlar la pandemia en su territorio. En la práctica, lo que va a suceder es que estaremos gobernados por los jueces, en la medida en que van a ser los Tribunales Superiores de cada autonomía los que lo hagan con el control de legalidad correspondiente. Ante esa extraña situación, se hace imprescindible y urgente la labor que corresponde al Tribunal Supremo de unificar criterio y fijar doctrina, para evitar que España se convierta en un caos de horarios y movilidad, entre otros aspectos no menores de la vida personal, social y económica del país.

Así, hemos pasado del debate en torno al CGPJ sobre el modelo de gobierno de los jueces, a que sean ellos los que gobiernen la pandemia, lo cual no es su función, ni lo que dicta el más elemental sentido común. A los jueces les corresponde juzgar, no legislar sobre epidemiologías. Esto es politizar la justicia al extremo porque el Gobierno no ha hecho sus deberes. Y tiempo ha tenido durante más de un año para preparar una legalidad alternativa al excepcional estado de alarma.