Tu derecho o mi salud

Javier se concentra en limpiar el taxi con atención y cuidado como hace cada vez que termina un servicio. No quiere riesgos. Enfrentarse a otra cuarentena terminaría de arruinarle en este tiempo en que todas las horas de trabajo son pocas para afrontar deudas y créditos. El último cliente ha entrado sin mascarilla y se ha puesto a refunfuñar cuando Javier le ha exigido que, como marca la ley y llama la prudencia, se la pusiera al entrar en el coche. Lo ha hecho, pero de mala gana y mascullando no sabe muy bien qué protesta de su derecho y violación de libertades y esas cosas que Javier ha escuchado decir a quienes sostienen que la vacunación es más arriesgada que eficaz o que su libertad está por encima de cualquier política pública.

Javier es curioso y procura informarse. Sabe que el derecho a la Salud está en la Constitución y que la ley obliga a las autonomías a desarrollar políticas sanitarias no sólo para curar sino también para prevenir. Eso debería comprometer a todos en la exigencia, por salud pública y salvaguarda del derecho a una vida sana, de vacunarse todo el mundo contra la Covid. Pero esa obligatoriedad se supone que entraría en colisión con el consentimiento libre e informado que fija la llamada Ley de Autonomía del paciente. O sea, tenemos derecho a la salud y a políticas de salud que la protejan y prevengan enfermedades, pero también a que no se nos aplique un tratamiento que no queramos recibir.

Eso, piensa Javier mientras se reajusta la mascarilla frente al retrovisor –no le gusta que se le queden orejas de soplillo–, en condiciones normales. Pero, ¿es normal todo lo que estamos viviendo? Obviamente no. ¿Son válidas, o, mejor dicho, ofrecen soluciones las que se han aprobado para tiempos ordinarios? Se le ocurre la misma respuesta. Y ya está probado y confirmado que con lo que teníamos no somos capaces de meterle mano a todo esto con éxito. Ni el estado de alarma, ni la supuesta gobernanza inexistente, ni las leyes de Sanidad que estaban en vigor… Nada de lo que había antes ha servido para detener las olas de coronavirus. Menos aún con la escandalosa falta de coordinación y la irresponsable renuncia al liderazgo real por parte del gobierno central. Lo único que ha permitido ponerle diques a la pandemia han sido las vacunas. Lo único. ¿Podremos acabar con la covid o establecer una regla de convivencia que nos permita recuperar la vida social y el brío económico sin que toda la población asuma la responsabilidad de vacunarse? Javier cree que no. Y no solo él. Todos los científicos a los que ha escuchado o leído comentar la situación sostienen lo mismo: solo las vacunas nos protegen; la vacuna es la solución y el único camino. ¿No hay forma entonces de exigir responsabilidad? ¿No habría que hacer algo más que resignarse, encogerse de hombros ante quienes no quieren vacunarse en nombre de un derecho individual que ataca a otro derecho colectivo? ¿No se puede establecer una nueva legislación? No sé, piensa Javier, ponérselo más difícil a quienes arriesgan el presente y el futuro de los demás.

Conecta la radio en ese momento y escucha la voz de la canciller alemana Angela Merkel y sobre ella la traducción de sus palabras: «Aquellos que están vacunados serán tratados de forma diferente a los no vacunados», y añade… «No podemos dejar que nuestro sistema sanitario se colapse mientras esperamos la inmunidad de grupo».

Eso es, piensa Javier mientras celebra con una sonrisa como de triunfo la casualidad que comunica su inquietud con la afirmación de liderazgo de la mujer más poderosa de Europa. Eso es, se repite, tratarles de manera diferente.

Si no se puede cambiar la ley, si no hay tiempo ni energía política –léase coraje– para armar una legislación nueva que salvaguarde los derechos de la colectividad sobre las garantías de responsabilidad individual, establezcamos diferencias. Es verdad que en España no existe, como en otros países, una contestación importante a la vacunación –apenas llegan a un uno por ciento las personas que la rechazan– pero en la medida en que esa minoría arriesga la salud de los demás, debería ser tenida en cuenta. Ya hay autonomías en España, como Galicia, Extremadura o Castilla y León que imponen ciertas limitaciones y exigencias para entrar en locales y desarrollar actividades como las escolares. En Europa, son los franceses los que más restricciones levantan: como los italianos, no dejan entrar en bares, cines o teatros a quienes no tengan la pauta completa. Por lo visto y oído, Alemania se lo está pensando. Israel o Estados Unidos obligan a funcionarios y ofrecen estímulos para la vacuna.

Algo así deberíamos hacer en España. En todo el país. No por autonomías. Ponérselo difícil a los que no se quieran vacunar mientras pactan los partidos una ley que establezca tratos diferentes, como dice Merkel.

Alguien para el taxi en ese momento. Javier lo mira. No lleva mascarilla ni traza de ponérsela. Otra vez su derecho frente a mi salud.