El dolor sí que es perpetuo

Los demócratas tenemos la obligación moral de defender la memoria de las víctimas del terrorismo, murieron en nombre de todos nosotros para aterrorizar a la sociedad en su conjunto y conseguir objetivos políticos, siendo indiferente la naturaleza de estos últimos. El Estado tiene, además, la obligación legal, establecida en el artículo 61 de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, de defender la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de exhibiciones o actos públicos de enaltecimiento del terrorismo, Es un mandato muy claro que el Gobierno de Sánchez está incumpliendo en relación a los homenajes a etarras y actos como los que tuvieron lugar ayer. Resulta evidente que a esta inhibición no es ajena la sociedad de intereses parlamentarios y presupuestarios que la coalición gubernamental PSOE-Podemos tiene con la antigua Batasuna, que se ha traducido también en el acercamiento penitenciario de decenas de terroristas condenados. Hablamos de una organización que defiende un proyecto totalitario y de ruptura, que no condena con rotundidad los actos terroristas, que esgrime el derecho de ETA a usar la violencia y que ampara homenajes a asesinos en serie. Una persona asesinada no vive más, es un dolor irreparable e inacabable y una pérdida imborrable. No hay forma de que una víctima del terrorismo se rehabilite de su dolor, ni de que progrese de grado penitenciario, ni de acercarla a la vida que perdió. Del dolor no hay excarcelación posible. Por eso es especialmente grave que en los actos que el Gobierno no hizo nada por impedir, se hablara de una pena que no existe en España, la cadena perpetua, cuando en esta historia atroz de violencia y crueldad lo único que ha resultado perpetuo es el dolor de las víctimas. Es también paradójico, porque la pena de prisión permanente revisable, que es contra lo que realmente se protestaba, resulta que no ha llegado a ser de aplicación para los terroristas etarras, ya que es una figura penal reciente. Si para la derrota operativa de ETA fueron determinantes los consensos políticos que supusieron el Pacto de Ajuria Enea y el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, para el auge de la maquinaria política de ETA-Batasuna ha sido fundamental la ruptura del Gobierno que preside Pedro Sánchez con el espíritu de aquellos pactos y su contribución electoral, parlamentaria y mediática al blanqueamiento de organizaciones que ahora tienen acceso a decisiones gubernamentales, además de ocupar la calle con actos que el Estado tiene la obligación de impedir. Alguien anunció que nos helarían el corazón. Y vaya si lo han hecho. Actuando, además, desde el peor negacionismo, porque los mismos partidos que se empeñan en mantener la memoria histórica sobre hechos relacionados con la Guerra Civil y el franquismo, se empeñan en silenciar y ocultar la memoria democrática que representan las víctimas del terrorismo. Defender a las víctimas y proteger su dignidad es un principio moral para todos, y una obligación legal para un Gobierno que, haciendo justamente lo contrario, sigue rebasando todos los límites constitucionales y democráticos.