El caso Garzón-Sánchez

Jorge Fernández Díaz

He esperado a ver si se producía lo inevitable, es decir, la salida del Gobierno del actual –y todavía– ministro de Consumo; el dirigente y parte alícuota comunista gubernamental Alberto Garzón. Me decido a escribir viendo que no hay dimisión, aunque su salida resulta inevitable y su retraso va a perjudicar seriamente a Sánchez y a su socio podemita, pagando por ello «intereses políticos de demora».

La actuación de Garzón es impropia de un ministro que, como ciudadano puede tener las opiniones que le parezcan, pero al que el ejercicio de una responsabilidad pública de ese nivel le exige sentido de responsabilidad, además de competencia en la materia. Si discrepa de una situación o una política determinada, puede y debe hacerlo saber en el seno del Gobierno, que es un órgano colegiado; o puede dimitir por no estar de acuerdo, pero lo que nunca debe permitirse es lo que ha hecho: acusar a un sector español de la producción de exportar productos en mal estado, además de afirmar que se elaboran con maltrato animal, y hacerlo públicamente y en un medio de comunicación extranjero.

Es inconcebible una actuación así, que es una consecuencia de tener un Gobierno de dimensiones tan abusivas como lamentables, especialmente en un momento de estrechez económica como el actual, utilizado para pagar favores políticos con cargo al presupuesto, y que ha convertido direcciones generales en ministerios. Las cinco carteras de cuota podemita –con excepción de Trabajo– son meras unidades administrativas desgajadas de carteras anteriores, y la carencia de competencias propias conlleva la realización de declaraciones públicas para intentar alcanzar cuota de pantalla. Así sucede con Consumo, que nos quiere educar un día sí y otro también sobre lo que tenemos que comer o acerca de qué juguetes son adecuados para los niños, no sexistas ni binarios en su color, supremacistas, machistas, y no incitadores a la violencia.

Pero lo actual supera todo lo imaginable y pone ante el espejo al sanchismo en estado puro. Tener un Ejecutivo con cinco ministros comunistas es una anomalía democrática en una UE, cuyo Parlamento ha condenado rotundamente esa ideología como totalitaria y genocida. Si además se le añade que, como decíamos, en general ocupan carteras sin apenas contenido material y meramente ideológicas, el resultado es lo que tenemos: un Gobierno que no está a la altura ni del momento en que vivimos ni de un país como España. Lo peor de todo es que se pierde el respeto por una institución cuyo prestigio es necesario preservar por la importante responsabilidad que ejerce. Pero su titular duerme ahora plácidamente en La Moncloa.