Construir para relanzar la España Vaciada

Si no actuamos con celeridad, los fondos comunitarios se verán seriamente amenazados

Pedro Fernández Alén

El fenómeno de la España Vacía o Vaciada está cada vez más vivo en el debate político. Y todo apunta a que la discusión ganará fuerza a medida que vayan canalizándose los fondos europeos, que en gran parte irán dirigidos a detener la despoblación en el grueso del territorio y a relanzar la innovación y la sostenibilidad en el mundo rural.

No solo la irrupción de plataformas en provincias como Soria de cara a las próximas elecciones de Castilla y León siguiendo la estela de casos como Teruel Existe, sino también su progresiva extensión por otras comunidades autónomas o los nuevos equilibrios parlamentarios que resultarán de lo anterior, garantizan que las comarcas que sufren un déficit prolongado de infraestructuras ocuparán un espacio cada vez más amplio en la discusión pública en España.

Lejos de querer valorar todas estas opciones políticas –tan respetables como cualquier otra de alcance nacional o autonómico–, desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) creemos que el contexto es inmejorable para poner en valor la contribución de nuestro sector a la hora de afrontar este reto social, económico y demográfico.

Como ilustra el último avance del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fechado en diciembre pasado, las partidas destinadas a la «identificación y localización de proyectos solventes con impacto para la lucha contra la despoblación» inciden sobre los 30 componentes del plan. Es decir que tocan a casi la totalidad de los fondos NextGenerationEU para España; los 140.000 millones de euros.

Si vamos a las inversiones concretas, las firmas constructoras tendrán mucho que decir: retos apasionantes y complejos que van desde localizar «proyectos tractores que modernicen la industria española» hasta proyectos de otra índole, como los asociados a la conectividad digital o el desarrollo de las redes 5G; desde el despliegue de la infraestructura de recarga y de impulso del vehículo eléctrico hasta la rehabilitación de edificios. Proyectos en los que participarán desde las grandes empresas líderes mundiales a las pymes de lugares despoblados; desde los contratistas públicos a los subcontratistas más especializados; desde los constructores clásicos a los modernos e industrializados; desde los fabricantes de maquinaria extraordinariamente compleja a los materiales más eficientes y sostenibles.

Porque la construcción es mucho más que el ladrillo y la carretilla: una caricatura que procede de la anterior crisis financiera y que no se corresponde con nuestra realidad nacional. También es construcción levantar carreteras y líneas de tren para impulsar el transporte de proximidad o de alta velocidad con el que vertebrar los territorios, erigir hospitales y centros educativos, plantas de energía, depuradoras o desaladoras. Proyectos que tienen que ver directamente con los fondos NextGenerationEU, que realmente son esos fondos. No en vano, desde CNC hemos calculado que siete de cada diez euros estarán relacionados con la actividad constructora.

Pero el caudal europeo para España, del que la mitad está compuesto de transferencias directas sin recargo al déficit o la deuda, corre el riesgo de perderse si gestionamos mal el proceso. Lo que resultaría fatal para nuestro mundo rural.

Para empezar por la alarmante falta de mano de obra para los pequeños y medianos proyectos, para la pequeña y mediana empresa, un déficit que supera los 700.000 trabajadores y que podría provocar preocupantes cuellos de botella en la canalización de las ayudas comunitarias.

Segundo, por la crisis global de suministros que ha disparado los costes de materiales imprescindibles para la construcción, un alza que se ha notado en todas las obras en marcha y que está forzando no sólo abandonos de proyectos sino, lo más preocupante, licitaciones desiertas. En este sentido, según datos de CNC publicados a mediados de octubre, esta crisis ha llevado a cuatro de cada diez empresas a cancelar o paralizar sus obras por la subida del precio de las materias primas.

Y tercero, por la lenta tramitación burocrática que retrasa inquietantemente las licitaciones.

Por ello, desde CNC urgimos a poner en marcha un plan de choque para formar a decenas de miles de perfiles profesionales y un sistema de reequilibrio económico de los contratos públicos para que las constructoras no asuman los sobrecostes de la crisis de desabastecimientos, además de a modificar la Ley de Contratos del Sector Público para que el cómputo de la experiencia exigida a las empresas para acceder a los contratos públicos se amplíe hasta los 10 últimos años frente a los cinco actuales.

Y es que la experiencia que se pide actualmente para clasificar la capacidad técnica de las constructoras perjudica gravemente a muchas de ellas sobradamente preparadas que, sin embargo, están inhabilitadas para ejecutar importantes contratos.

Si no actuamos con celeridad, los fondos comunitarios se verán seriamente amenazados. Y ello, inevitable y desgraciadamente, agravará aún más los problemas de despoblación que sufre nuestra España rural.