Los abortorios, más protegidos que el Congreso

El esperpento de la sesión plenaria del jueves en el Congreso, cuya onda expansiva no ha terminado, ni mucho menos, con las derivadas judiciales y políticas del voto del diputado Casero y la situación creada en UPN con Esparza expulsando a dos referentes de la mejor Navarra Foral y española, ha velado otra grave noticia de esa penosa jornada parlamentaria. Se trata de la modificación del Código Penal para sancionar –incluso con penas de cárcel– a quienes se manifiesten en las proximidades de centros clínicos especializados en la práctica de abortos.

El tipo delictivo habla de «coacciones» a las mujeres que se acercan a los abortorios, aunque no consta ni una sola denuncia por parte de ninguna de ellas, lo que ha llevado a que se acepte una enmienda del PNV para que no sea precisa siquiera la denuncia para su aplicación, lo que indica el nivel moral del partido antaño democristiano. Se afirma que son seis mil las mujeres que gracias a esos «rescatadores» han decidido no abortar sin sentirse no sólo no coaccionadas, sino agradecidas por la ayuda recibida.

La patronal del negocio del aborto consigue de esta forma un nivel de protección superior al que tienen los diputados cuando acceden al Congreso, que con frecuencia son abucheados e insultados a distancia similar a la que ante un abortorio una persona que rece puede ser tratada como un delincuente. Lo absurdo de ese dislate jurídico es que mientras esa reforma penal se debatía y aprobaba en el Congreso, los «rescatadores» se manifestaban libremente enfrente de la Cámara, mientras eso mismo no podrán hacerlo ante esos privilegiados centros por considerarse delito esa misma conducta allí.

Lo sucedido es muy preocupante, y es un reflejo de la «cultura de la muerte» instalada en una sociedad cuyos representantes políticos promueven y aprueban esa medida, mientras permiten homenajes públicos a terroristas no arrepentidos que cargan a sus espaldas con centenares de personas asesinadas. Interpela la conciencia de cualquier ciudadano la mera cierta posibilidad de que se pueda detener a personas por rezar reunidas ante un abortorio, al ser tratadas como presuntos delincuentes con posibilidad de ser condenadas a prisión por defender la vida de seres humanos ya concebidos y en gestación en el seno de sus madres.

Ciertamente la sesión del Pleno del pasado jueves 3 de febrero merece pasar a la historia del Congreso como una de las más lamentables vividas en su más que centenaria existencia. Frente a esta legislación, otros países en la UE obligan a la mujer que quiere abortar a escuchar antes los latidos de su hijo.