El uso y abuso de los indultos

El Gobierno actúa de forma manifiestamente arbitraria e injusta en el ejercicio del derecho de gracia. El indulto concedido a la expresidenta de Infancia Libre, María Sevilla, es, simplemente, un escándalo impropio de una democracia. A esto se suman las disparatadas palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, con ese concepto, insólito en el Estado de Derecho, que denomina como «madre protectora». Por lo visto, es un título habilitante para pisotear los derechos fundamentales e ignorar los códigos Civil y Penal. Sevilla fue condenada a una pena de cárcel de dos años y cuatro meses por el delito de sustracción de menores. No se entiende dónde ha encontrado el consejo de ministros esas «razones de justicia y equidad» que le impulsan a favorecer a una fiel seguidora de Podemos, ya que fue asesora de esta formación comunista y antisistema. Le conmuta, además, la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad a cambio de ciento ochenta días de trabajos en beneficio de la comunidad. Es cierto que le impone la condición, como es lógico, de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto.

La causa de la condena es que retuvo al menor y ocultó el paradero a su padre durante dos años. Este sufrió un auténtico calvario, ya que le acusó falsamente de haber abusado sexualmente del niño. La «madre protectora» tenía al niño desnutrido, sin vacunar y sin escolarizar. Esta progenitora «ejemplar» es la que ha sido indultada a propuesta de la magistrada Pilar Llop, que es ministra de Justicia. Es una burla atroz al Estado de Derecho y una escandalosa perversión de la institución del indulto. Entiendo que se use esta figura controvertida, pero no que se abuse al servicio de los intereses partidistas de Podemos. No se puede favorecer a alguien que ha cometido unos delitos que son tan graves como repugnantes. Este no es el objetivo del indulto, porque se ha decidido, además, devolverle la patria potestad a una madre que ha demostrado que no merece esta condición. Ningún jurista, y menos la magistrada que es la titular de ese Departamento, puede avalar con su firma semejante atropello. No son buenos tiempos para la Justicia.