La mala compañía de EH Bildu

La democracia española ha sido extraordinariamente generosa con los fiduciarios de ETA, aquellos que representaron a los terroristas en las instituciones cuando estaban en plena actividad criminal, y que ahora, felizmente derrotada la banda, mantienen su estandarte. Y lo mantienen porque la Constitución Española y las leyes derivadas de ella son tan magnánimas que así se lo permiten.

Lo que no dice ninguna de esas normas es que la presencia institucional obligue a quien gobierna en España a pactar con ellos. Y, sin embargo, aquellos que ahora ostentan el poder han convertido a quienes jamás han condenado el terrorismo en socios muy principales, incluso para reescribir la historia de España a través de la Ley de Memoria Democrática. ¿Serán ellos quienes nos digan a los españoles cómo tenemos que recordar las décadas de bombas y disparos en la nuca?

Como primera providencia, ya resulta un poco forzado que se pueda establecer por ley una lectura única de los acontecimientos que conforman nuestra historia. Es aún más forzado, que esa lectura la pretendan establecer los partidos que controlan el poder en un momento determinado. Y es asombrosamente forzado que esa visión de nuestra historia no se haga mediante un consenso general de todas las fuerzas políticas, sino solo de unas pocas.

Resulta desalentador que más de una década después del final del terror etarra, la relación de cierto hermanamiento político, y de enorme dependencia parlamentaria, entre la coalición de gobierno y EH Bildu haya marcado para mal el recuerdo de Miguel Ángel Blanco, 25 años después de su secuestro y asesinato.

La promiscuidad de los partidos que gobiernan con EH Bildu no explica, por sí sola, los males electorales que ambas fuerzas políticas han sufrido en los últimos procesos electorales en varias comunidades autónomas. Pero es un elemento que no deberían orillar. Las malas compañías son poco recomendables, así en la vida como en la política. Y es difícil encontrar una compañía peor que aquella que representan quienes, siguiendo sus costumbres ancestrales, no consideran condenables actos violentos como los que sufrió la semana pasada la corporación municipal de Pamplona en la procesión de San Fermín.