Justos por pecadores

El Gobierno y el partido de Pedro Sánchez han protagonizado esta semana dos de los episodios más graves de deslegitimación del poder judicial que se recuerdan. Tanto en la reacción a la sentencia del caso de los EREs como en las negociaciones con el Govern de Cataluña para desjudicializar el “procés” se ha demostrado que el socialismo impulsado por el sanchismo no respeta cuestiones básicas como la división de poderes o la ética pública, y que el discurso esgrimido personalmente por el presidente, de justos y pecadores, esconde una dialéctica en la que lo único que se discierne son los amigos de los adversarios. La encendida defensa de la honorabilidad de Griñán y Chaves encierra una batasunización del PSOE, que, cuando se trata de los suyos, ya ni siquiera condena la corrupción, no pide perdón por el daño causado y no reclama la devolución de lo malversado. Quieren hacer olvidar a los españoles que estamos ante el caso más grave de la democracia, una corrupción continuada durante cerca de 15 años, que asciende a más de 680 millones de euros. Para dejarlo claro: el dinero público de los Expedientes de Regulación de Empleo destinado a ayudar a los parados lo gastaron cargos socialistas y sindicalistas afines para beneficiar a amiguetes que nunca estuvieron desempleados y, de paso, en prostitutas, drogas y comilonas. Ese era el fin social de las personas honorables que, cuando faltaban otros vicios, financiaron también al partido socialista, no solo con parte del dinero que se desviaba, sino creando un sistema clientelar que está en la base de una corrupción que no es aislada, que no sólo es personal, y que tenía un carácter institucionalizado y sistémico. Que se esté hablando de indultos o de tretas judiciales para que los condenados eludan el castigo solo puede ser normal en un contexto tan anómalo como el que ha creado el Gobierno de Sánchez, que ya sabemos que practica con habitualidad el perdón y el beneficio penitenciario para los que se le muestran afines, da lo mismo que sus delitos sean de terrorismo, que se trate de golpistas o, ahora, de políticos corruptos. Respecto a la llamada «mesa de diálogo», ese sitio donde se firman las cesiones en medio de una estética de reunión bilateral entre países, destaca el compromiso expreso del Gobierno de España para marginar el castellano, ordenando a la Abogacía del Estado no defender el cumplimiento de los fallos judiciales que amparan un 25 % de contenidos curriculares en español, porque hay que «proteger» una lengua que en Cataluña no está perseguida, sino que, al revés, se impone institucionalmente. Aunque se aparque la reforma del delito de sedición, más por razones prácticas que filosóficas, estamos ante una nueva forma de mostrar el mundo al revés y, sobre todo, frente a otro ninguneo a los jueces, en este caso los del TSJC, y sus resoluciones. De hecho, la utilización del término «desjudicialización», un eufemismo impresentable, es, en sí misma, una declaración de (falta de) principios. Cada día que pasa es más evidente que el PSOE, que carece de un plan para España que no sea el de la resistencia de Sánchez en La Moncloa, ha perdido totalmente el juicio. No sólo el juicio de los EREs, contenido en una sentencia, también el de los españoles, que más pronto que tarde se expresará en las urnas. Su veredicto, sacado del refranero, será lapidario: dime con quién andas y te diré quién EREs. La alegación de la presunta superioridad moral de la izquierda ya no sirve, nunca lo ha sido y nunca lo han pretendido.