Desjudicializar la política: impunidad política

“Desjudicializar” la política significa que el ejercicio de la política quede al margen de la ley, porque la justicia tiene por misión precisamente juzgar si los actos realizados son legales o ilegales. Un Estado de derecho es el que considera que nadie está por encima o al margen de la ley, y todos los ciudadanos son iguales ante ella, constituida en la norma que regula y garantiza la convivencia social. La arbitrariedad no tiene cabida en un Estado de derecho que por serlo, sólo está sometido al imperio de la ley. Por ello, sentarse el gobierno de la Nación en torno a una Mesa para «dialogar» con el Govern de la Generalitat acerca de la «desjudicialización de la política» es tanto como negociar que los políticos catalanes separatistas sean de diferente condición al común de los ciudadanos españoles y que atentar contra el fundamento mismo de la Constitución, –que literalmente es «la indisoluble unidad de la nación española»– sea considerado en la práctica como un derecho para ellos. Este es el despropósito político que se incluye entre las condiciones «a dialogar» para que Sánchez siga en la Moncloa hasta diciembre de 2023. A esta situación se ha llegado con la política de «apaciguamiento» que él está aplicando –en realidad de sometimiento–, y que históricamente está desacreditada por la experiencia de Neil Chamberlain previa a la segunda guerra mundial. En el caso de Sánchez con el agravante además de no hacerlo por convicción sino por mero interés personal y político suyo. En su reciente comparecencia veraniega –la de la corbata– al ser preguntado por los datos del CEO, el CIS catalán, que en su último sondeo constata una caída al 41% de los partidarios de la independencia, frente a un 51 % que la rechazan, lo justificó como un aval a su política al respecto que dijo «ha mejorado el clima de convivencia». En esa lógica, si se «desjudicializa» la política para los secesionistas, que saben que en el futuro con Sánchez en la Moncloa ni siquiera van a necesitar ser indultados de sus graves delitos contra la Constitución porque no van a ser juzgados, lo previsible es que repitan la experiencia del procés y del 1-O, hasta que un día crean que lo conseguirán. Si ese día llegara, España habría dejado de existir y los españoles de Cataluña serían extranjeros, como ahora lo es la lengua española oficial del Estado, y que es todavía la lengua materna de más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña. Ese día no llegará, pero no será porque Sánchez haya cumplido con su deber como presidente del gobierno de la Nación española.