Hooliganismo

Mientras el Gobierno decide si fija en las reuniones del Consejo de Ministros los precios de los productos básicos, para convertir la referencia de los acuerdos adoptados en el folleto del supermercado de la esquina, Pedro Sánchez se ha lanzado, sin topes de ningún tipo, a embestir al poder judicial, confundiendo, como le ocurre con su Gobierno y España, la parte con el todo, sin distinguir la dificultad de renovación del órgano de los jueces con la independencia de un colectivo profesional intachable que ha accedido a la magistratura por vías objetivas, que aplica las leyes democráticas aprobadas en el Parlamento y que defiende con firmeza e independencia, también con serenidad y templanza, el cumplimiento de las normas y la salvaguarda de los derechos de todos. Es la guinda del maltrato continuado al poder judicial en su conjunto, con decisiones muy controvertidas en el ámbito de la Fiscalía, intentos de cambiar las mayorías para la renovación del CGPJ, las descalificaciones a sentencias que afectaban al PSOE o la asunción del concepto «desjudicialización», que en el caso de los golpistas catalanes equivale claramente a impunidad. Europa está pidiendo que la renovación del órgano de los jueces se haga de manera conforme a los estándares comunitarios, es decir, que sean los jueces los que elijan una mayoría de miembros del CGPJ. Esa es la propuesta que defiende el Partido Popular y que el Gobierno rechaza de manera empecinada, sin dejar ningún margen de negociación, en medio de un clima de amenazas y descalificaciones continuadas. Es evidente que el interés del Gobierno no es cumplir un mandato constitucional, y que está marcado por un sesgo ideológico y partidista de carácter sectario, que se agrava por el deseo súbito de renovar para controlar el Tribunal Constitucional, algo que quiere hacer a cualquier precio, al tiempo que obliga al Tribunal Supremo a acumular vacantes. Una estrategia para la que parece valer todo, incluso el peor y más dañino hooliganismo, capitaneada por el mismísimo Sánchez, que el martes llenó de barro el Senado de España, en un debate en el que adoptó el papel de jefe de la oposición a Alberto Núñez Feijóo, que sí que se mostró ante los españoles como un hombre de Estado, proclamando que siempre será un aliado de España, a pesar de la marea de insultos, exageraciones y falsedades de que fue objeto. Algo que hizo, además, sin victimismo alguno, sabedor de que en España hay muchas personas que lo están pasando mal, que no merecen ver quejarse a los políticos. Muy diferente del doliente Sánchez, que se siente atacado por los medios y las empresas de este país, de quienes negó su carácter plural y a quienes parece que les gustaría privar de su libertad de opinión. Aunque no tengamos claro a ciencia cierta cuándo va a ser, cada minuto que pasa está más claro cómo va a terminar la legislatura. La insolvencia e intenciones de Pedro Sánchez, de las que no hay dudas ni nadie se hace preguntas, provocarán que termine con un doble déficit, porque al de la economía le acompañará el de la estabilidad constitucional. Felipe González nos dejó lejos de Maastricht y fuera del euro. Zapatero nos legó cajones llenos de facturas y un «procés independentista» originado por su promesa de que el Estado aprobaría lo que viniese del Parlament. Está claro que no fueron grandes herencias, pero ninguna tan mala como la que va a recibir Alberto Núñez Feijóo, próximo presidente del Gobierno de España. Queda todavía mucho de lo que sorprendernos y debemos esperar intentos para generar desequilibrios institucionales, pero la democracia española superará esta pesadilla.