Exportan el modelo Madrid central

El Madrid Central cumple los cuatro años. En este tiempo ha sufrido altibajos en su aplicación como consecuencia de los resultados de las últimas elecciones municipales, a las que el PP concurrió con la promesa de derogarlo, pero que finalmente tuvo que aceptar. Decisión más que polémica, que ha generado un mar de críticas al alcalde capitalino, José Luis Martínez Almeida, pues pese a asegurar en campaña electoral que el Madrid Central sería eliminado, lo cierto es que sigue en pie incluso con mayores restricciones e impacto sancionador, lo que le ha granjeado la hostilidad de numerosos colectivos.

El fin último de las restricciones es conseguir un cambio total en la flota automovilística, de modo que sean sustituidos los vehículos movidos por motores de gasolina o diésel por otros menos contaminantes basados en la electricidad o el hidrógeno. El problema es que, en el actual escenario de crisis e inflación, forzar a la ciudadanía a vender su coche para comprase uno eléctrico se antoja más que difícil, por no decir imposible. Los precios de los eléctricos son elevadísimos, y el coste de la luz también. De modo que hay que estar bien pertrechado económicamente para vender el antiguo diésel, comprar uno eléctrico y cargarlo con coste a la factura de la luz.

Madrid Central (redenominado Distrito Centro por Almeyda) ha adquirido cierta fama por ser el sistema de control de emisiones más eficaz de Europa, debido a una reducción del 32 por ciento de polución por dióxido de nitrógeno. El problema es que su funcionamiento es caótico, está mal concebido y penaliza injustamente a miles de ciudadanos. Para implantar un modelo de este tipo, lo primero que se debió hacer es crear una infraestructura de aparcamientos que permita estacionar en ellos antes de acceder el centro. Algo parecido a lo que hizo Ruiz Gallardón en Serrano. Sin embargo, se recurrió a un convenio con los diferentes parkings del Centro, que emiten un informe sobre los vehículos que entran en sus instalaciones, a los que se exime de sanción. La realidad es que no siempre funciona bien, de modo que muchos automovilistas son multados con más de 200 euros pese a no haber circulado por el Madrid Central, sino simplemente por haber estacionado en uno de los establecimientos concertados.

El sistema de vigilancia del Ayuntamiento del PP es un auténtico caos, las comunicaciones de las sanciones, arbitrarias, y el prestigio del alcalde se ha caído, pues nadie entiende que después de prometer la derogación del sistema lo haya mantenido pero con más saña e ineficacia. Pese a todo va a ser exportado a la mayor parte de las ciudades españolas de 50.000 habitantes.