La descomposición del Estado

España vive una grave crisis institucional. El triunfo de los independentistas, comunistas y antisistema al conseguir imponer la desaparición del delito de sedición consagra una situación de enorme gravedad. Han ganado los que rechazan el ordenamiento jurídico. Desde hace unos años asistimos a la voladura de los principios constitucionales y los consensos de la Transición. Por motivos estrictamente partidistas se han concedido indultos, constituido mesas de diálogo con los golpistas, blanqueado a los herederos de ETA y a los independentistas y, finalmente, otorgado la victoria final a los condenados en firme por el Tribunal Supremo. Las excusas esgrimidas no solo son falsas, sino que no tienen ningún fundamento jurídico. Nada obliga a este cambio, que es, por cierto, chapucero y muestra una impericia realmente inquietante. La utilización de una proposición de ley, para hurtar los informes del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial así como acelerar el trámite, en lugar de un proyecto de ley muestra un desprecio absoluto a las técnicas legislativas a lo que se une incluir otros temas como si fuera un contenedor. El delito de sedición desaparece y se convierte en ese irresponsable tipo de «desórdenes públicos agravados».

El intento independentista solo cabía enmarcarlo dentro del concepto penal de «Delitos contra la Constitución». Fue un grave ataque contra el ordenamiento constitucional y estatutario. El PSOE se ha rendido ante aquellos que quieren destruir España para garantizarse el apoyo parlamentario y sus barones son solo marionetas al servicio de La Moncloa. Sánchez defendía hace poco que fue una rebelión. Era el más firme defensor de la aplicación del artículo 155 CE. Ahora ha cambiado de idea y no sabemos si en el futuro volverá a hacerlo. Es todo instrumental. Es lógico que los enemigos de España se sientan ganadores. Sánchez está cómodo teniendo a su lado a unos independentistas que insisten en que lo volverán a hacer. Feijóo no tiene que recuperar el delito de sedición, sino incorporar este tipo de actuaciones, como las que sufrió Cataluña, dentro del Título XXI del Código Penal que afecta a los «Delitos contra la Constitución» y clarificar que serían «reos del delito de rebelión los que se alzaren públicamente» para «declarar la independencia». Es decir, retirar el actual término «violenta» que se incluye en el artículo 472.