La pinza

A Pedro Sánchez le traiciona de vez en cuando el subconsciente. Por ejemplo, cuando dijo que pasaría a la historia por exhumar a Franco. En realidad, lo hará por desenterrar el franquismo, concebido como un régimen político unipersonal que concentra todos los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, reacio a la existencia de un marco constitucional, que pueda obligar o limitar a quien sólo busca ejercer un poder omnímodo. En eso está consintiendo este momento, que la historiografía futura bien podrá denominar como el «tardofranchismo», caracterizado por los peores despropósitos jurídicos de la historia de la democracia. Despropósitos que dañan a nuestro sistema constitucional y debilitan al Estado, dejando inerme a la Nación, porque el presidente del Gobierno que acumula cinco sentencias de inconstitucionalidad ha decidido pasar directamente al abordaje del máximo tribunal de garantías constitucionales. Y ello con el mismo populismo asfixiante que le ha llevado a laminar la sedición y a toquetear de manera indecente la malversación, convirtiendo el Código Penal en un mero Código de comercio. De comercio con sus socios, claro está. Puro tráfico ilegal, encima, porque si analizamos el procedimiento por el que se han querido introducir reformas decisivas en dos leyes orgánicas, resulta que además de burdo es inconstitucional. Porque por mucho que haya pactado con Junqueras suprimir el delito de sedición, rebajar el de malversación y sabotear la Ley para renovar el TC, lo que no debe olvidar nunca un demócrata es que elaborar normas requiere cumplir requisitos y superar controles. Y, con la jurisprudencia constitucional en la mano, resulta evidente que la cuádruple alianza PSOE-Podemos-ERC-Bildu se ha extralimitado en el uso de la capacidad parlamentaria de enmienda de las propuestas de Ley, con incongruencias evidentes y plazos imposibles, erosionado derechos fundamentales de los parlamentarios. Por si no fuera poco, hay que insistir en que la pretensión de eliminar la elección por 3/5 de los miembros del CGPJ es también inconstitucional, al sustituir la democracia de consenso que propone la ley de leyes por la de mayoría, que es la que quiere el Gobierno. Cualquier jurista sabe que el constitucionalismo se basa en la integridad de la Constitución y que, si no se la protege, su continuidad corre peligro. Ello es especialmente grave en un momento en que la celebración de un referéndum en Cataluña está en el horizonte, lo que genera en la base social nacionalista unas expectativas que traerán consecuencias. Ocurrió con el Estatut y la promesa de Zapatero de que apoyaría sin limitación alguna la reforma que aprobara el Parlament. De aquella frustración surgió el procés y su larga secuencia delictiva. Ha llegado el momento de explicar que lo que ha «desinflamado» al nacionalismo ha sido el Estado de Derecho. Por un lado, la aplicación del artículo 155 y, por otro, la condena de prisión a los dirigentes sediciosos. Las cesiones del sanchismo a la élite separatista que abusó de su poder no sólo no han tenido nada que ver, sino, que, antes, al contrario, están consiguiendo agravar el problema. Esta es, de hecho, la peor mentira que nos están contando. Y mientras, Junqueras hablando de que con un 50% de participación y un 55% de síes Cataluña se independizará y Salvador Illa diciendo que es posible una «consulta» sobre «cómo organizar el autogobierno». Esa es la pinza, y por si fuera poco vemos a Sánchez y sus ministros que han pasado al ataque contra el Tribunal Constitucional con veladas y no tan veladas advertencias al Alto Tribunal, y deberían ser más cautos, puesto que se les ha olvidado derogar el artículo 504.1 del Código Penal en coherencia con el derecho penal del amigo que han inventado.