Manuel Aragón y el Tribunal Constitucional

Manuel Aragón, catedrático de Derecho Constitucional y magistrado que fue del Tribunal Constitucional, es jurista de indiscutido prestigio. Su palabra pesa en los medios intelectuales de España.

«El Estado constitucional frente al Estado autoritario –ha escrito refiriéndose a Pedro Sánchez– es aquel en que el Parlamento no es soberano, sino que lo es el pueblo. Es en el que, por ello mismo, las mayorías parlamentarias tienen limitado su poder, pues de lo contrario no habría un Estado constitucional, sino un despotismo de la mayoría. En el que existe una distinción neta entre el poder constituyente, soberano, y el poder constituido (el conjunto de las instituciones estatales) limitado, de manera que este se encuentre subordinado a aquel, y justamente los tribunales, específicamente los tribunales constitucionales, están para garantizar que esa subordinación se cumpla».

En este párrafo se condensa todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Pedro Sánchez debería leerlo con especial atención. Resulta lamentable que él y algunos de sus lacayos políticos se dediquen a desdeñar, incluso, a desprestigiar a los jueces que cumplen con los deberes exigidos por una profesión especialmente dura de aprender y conquistar. Hablar del «golpe de Estado de las togas» pareció a muchos una osadía incalificable. El Tribunal Constitucional, conforme al artículo en El Mundo de Manuel Aragón, ha actuado correctamente y Pedro González-Trevijano, que es el presidente en funciones del TC, ha cumplido con su deber, «pues lo único que ha resuelto el TC es que, por vía de enmienda, no puede hacerse lo que sí se podría mediante una auténtica iniciativa legislativa. Si de acuerdo con la doctrina del TC, lo que fraudulentamente se pretendía con las enmiendas, se convierte en auténtica iniciativa, las Cortes son libres para tramitarla, sin ningún género de duda, y el Tribunal solo podría actuar posteriormente si se interpusiese un recurso o se planteara una cuestión de inconstitucionalidad frente a la ley que contenga la reforma».

Más claro, imposible. Pedro Sánchez y sus acólitos tienen la obligación moral de pedir disculpas al TC por las atrocidades proferidas contra los magistrados durante la tropelía que quisieron poner en marcha.