Los españoles suspenden abrumadoramente a Unidas Podemos

Los ministros de Unidas Podemos cuentan con valoraciones y grado de impacto muy distintos entre ellos, desde el desconocimiento del ministro Subirats, que el CIS de enero recogía que tan solo le identifica el 24,4% de los españoles, o Belarra, que a pesar de sus polémicas declaraciones, solo llama la atención del 59,8% del electorado. Mientras que las dos estrellas mediáticas son Irene Montero y Yolanda Díaz, conocidas por el 92,5% y 93,9% del censo. Les sigue con el 85,9% Alberto Garzón.

En cuanto a la valoración, la menos puntuada es Belarra con 3,63 puntos. También es la que más ha visto deteriorarse su imagen al caer 0,21 puntos en el último año. Otro ministro que queda con poca nota es Garzón, que se le valora con 4,05 puntos. Con unas décimas más se haya Irene Montero y Subirats, con 4,26 y 4,33 puntos, respectivamente. La mejor calificada es Yolanda Díaz, con 5,1 puntos.

Garzón y Subirats mantienen prácticamente la misma nota de hace un año, mientras que Díaz retrocede 0,11 puntos, y Montero ha logrado crecer, en medio de la tempestad, desde enero de 2022 en 0,4 puntos.

Por lo que si descartamos a Belarra y Subirats, por su bajo perfil en notoriedad, y también a Garzón por su nota baja, solo nos quedan dos con una notoriedad cercana al 95%, lo que les permitiría ser cabezas de cartel electoral ; Montero y Díaz. La primera tiene un problema de imagen con el fiasco de la ley del «sólo sí es sí», y una nota objetivamente baja; 4,26 puntos en el último CIS. La segunda cuenta con unas décimas más; 5,11 puntos, pero tiene su militancia en el PCE como lastre para captar votantes de Podemos y del PSOE, aunque tiene a su disposición el BOE para su precampaña electoral.

Esta pesadilla comenzó como consecuencia de la debilidad parlamentaria del PSOE. A los diez meses de la moción de censura, Sánchez recurre a unas elecciones generales anticipadas en el mes de abril de 2019. Con la esperanza de lograr una amplia mayoría parlamentaria, que refrendara su arriesgada operación de la moción de mayo de 2018. Aquello fue un decepcionante resultado para el Partido Socialista, que recibió el 28,7% de los votos lejos de la ansiada gran mayoría, quedando por detrás de los resultados de Pérez Rubalcaba de 2011, considerados hasta entonces los peores del PSOE desde la llegada de la democracia en 1977.

El desastroso resultado del PSOE en las urnas de abril de 2019 llevó a Sánchez a probar nuevamente suerte, forzando unas segundas elecciones en noviembre. No solo no mejoró respecto a abril, sino que empeoró su resultado bajando al 28%. Descartada la vía democrática para obtener una mayoría parlamentaria suficiente, ya que los españoles en las urnas se la negaban, ofreció la misma noche electoral la entrada en el gobierno a ministros comunistas. Se desempolvaba el manual de resistencia y se daba vida a un gobierno Frankenstein.

Es así como en el Consejo de Ministros del Reino de España se sientan ministros bajo la disciplina del Partido Comunista de España; Yolanda Díaz y Alberto Garzón. Obviamente nuestros aliados de Washington y Bruselas quedaron perplejos. Liquidada la URSS y reconquistada la Europa del este, el fantasma del comunismo volvía a la península Ibérica de la mano de Sánchez.

EEUU declara aliado preferente a Marruecos. Ni el anterior ni el actual presidente de los Estados Unidos han recibido en la Casa Blanca al primer ministro español. Hecho sin precedentes en los últimos cuarenta años. La economía española pierde competitividad con las medidas «sociales»/electoralistas. Los ministros comunistas imponen una economía «social» en lugar de una economía productiva. El maquillaje de los datos y de los problemas se impone a las medidas «duras» que se requiere poner a España en la senda del crecimiento económico. En este periodo se ha disparado la deuda pública, que nunca había crecido tan rápidamente ni había llegado al actual monto. Los intereses de la monstruosa deuda pública limita la inversión en sanidad y educación. Los PGE de 2023 recogen una partida de 31.275 millones de euros para pagar intereses de la deuda. Lo que limita el gasto sanitario de las administraciones públicas a 82.064 millones de euros, insuficiente para mantener la calidad de la asistencia y la eliminación de las listas de espera.