El absurdo e inaceptable proyecto de ley de Secretos Oficiales

Nunca se puede dejar en manos del Poder Ejecutivo decidir las cuestiones que tienen que ser un secreto oficial. En el caso de Sánchez sería, simplemente, un auténtico disparate, porque serviría para consagrar la más absoluta arbitrariedad que tanto le gusta y le serviría para ocultar información sobre el uso de los recursos públicos, así como posibles delitos que se podrían cometer desde las instituciones. La excepción debería ser la defensa nacional y la propuesta debería ser realizada por los militares. Nunca por los políticos. Por supuesto, el secreto no debería amparar las razones por las que se contratan determinadas empresas, ya que estamos demasiado acostumbrados al capitalismo de amiguetes del PSOE o al poder de los lobistas, como los millonarios socialistas Javier Curtichs y Pepe Blanco, que defienden intereses legítimos, pero que son estrictamente personales. La transparencia debe impregnar la acción de la Administración e impedir cualquier atisbo de arbitrariedad. La decisión de declarar que un tema es secreto oficial debe ser adoptada por un organismo realmente independiente donde estén representados los tres poderes del Estado. Cualquier otra opción es, simplemente, un oscurantismo que beneficia unos intereses que están muy alejados del servicio y del interés público.

El Parlamento debería rechazar esta norma e impulsar una nueva que responda a las exigencias que debe tener una democracia en esta materia. Ningún demócrata puede apoyar la reforma que pretende el Gobierno, al igual que sucede con la denominada ley Begoña, la reforma de las carreras judicial y fiscal o adjudicar la instrucción al Ministerio Fiscal. Cuando se busca una norma tan exagerada y que incorpora sanciones tan grandes resulta evidente que estamos ante un atentado contra la libertad de prensa y se busca la impunidad. Los periodos tan largos son otro disparate que no tiene ningún sentido. Ni siquiera los planes de defensa nacional necesitan estar tanto tiempo escondidos. No me fío de un Poder Ejecutivo tan poderoso que controla, por citar algunos ejemplos, el Poder Legislativo, el Tribunal de Cuentas, el Ministerio Fiscal y el Tribunal Constitucional. Un Gobierno que atropella constantemente la Constitución y que no presenta el proyecto de ley de Presupuestos Generales no merece ninguna confianza. Por ello, es una exigencia democrática tumbar el proyecto de ley de Secretos Oficiales.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)