El atropello de la separación de poderes

Habrá que comenzar por sentar la premisa de que la aplicación de la amnistía se le ha indigestado al Gobierno fundamentalmente y por encima de cualquier otra consideración tendenciosa por las fallas del texto legislativo que la han convertido en una ley pésima cuya ejecución está sujeta a sustantivas interpretaciones en cualquier tribunal de justicia que se tenga por tal. Así que la carga de la prueba no apunta a los magistrados que diligentemente cumplen con su deber, sino a un Ejecutivo que decidió con toda la intención del mundo una redacción confusa y brumosa sobre los delitos en cuestión (rebelión, secesión, desobediencia, malversación, terrorismo y alta traición) por miedo a que Europa retratara y derogara el mayor acto de corrupción política que se recuerda en nuestro país. Si se ha dejado el espacio a la controversia jurídica, insistimos, se ha debido a que los perpetradores sanchistas y separatistas parieron una chapuza en toda regla y de aquellos polvos, estos lodos. A partir de ese pecado original, todo se ha torcido porque existen togados que, a Dios gracias, no resignan de sus obligaciones en la defensa del estado de derecho ni del principio fundamental de que todos somos iguales ante la Ley. Estos magistrados, especialmente los del Tribunal Supremo, pero no solo ellos, se encuentran hoy en el punto de mira de una administración que decidió sin ambages hace tiempo que la separación de poderes y la independencia de los tribunales eran non gratos para el régimen. Es un tiempo amargo para la historia de la democracia española, aquel en el que el poder político se ha empeñado en poner su colosal fortaleza al servicio de la demolición de los contrapesos y equilibrios del sistema que nos protegen a los ciudadanos de las ambiciones absolutistas. Llevamos semanas de campañas descarnadas e insidiosas sin veladura alguna del presidente, los ministros y sus acólitos contra los magistrados que mantienen una lectura jurídica discrepante con la de Moncloa y que como es preceptivo han decidido recurrir contra la estafa con una exposición tan concluyente como rigurosa. En estos días desde el gabinete se ha acusado taimadamente de prevaricación al Supremo y se ha anticipado la decisión del Tribunal Constitucional sobre la amnistía, lo que, obsta decirlo, abochorna, pero no sorprende. Algo así sería inconcebible en cualquier otro estado de la Unión Europea, pero la degradación institucional de España es un proceso desbocado desde que la izquierda entendió que su poder estaba en peligro al perder el favor de los ciudadanos. Vemos aún estupefactos a un gobierno que se reclama democrático y que embiste con alevosa hostilidad contra la separación de poderes, sacrosanto fundamento del estado de derecho, minando la confianza indispensable en la justicia por estrategia política. Que Bruselas alertara de esta involución democrática no ha removido conciencias ni moral en el bloque del poder.