La «calidad democrática» sanchista

Para no olvidar con qué motivación y compromisos accedió Sánchez a La Moncloa tras su estrepitosa y reiterada derrota electoral de 84 diputados el 26 de junio de 2016, –elecciones repetidas de las anteriores, que fueron el 20 de diciembre de 2015, y ésta con 89 diputados, la mayor derrota del PSOE hasta entonces– es conveniente recordarlo, para contrastarlo con la «calidad» a la que ha arrastrado a nuestra democracia. La censura pactada con Pablo Iglesias, y éste con los demás aliados suyos actuales, tuvo el pretexto de unos comentarios extemporáneos –luego criticados y anulados por la Sala de lo Penal de la AN y por el Tribunal Supremo– incluidos por el juez De Prada (de clara afinidad política), en una sentencia sobre la caja «B» del PP en el caso Gürtel.

Aprovechando esa lamentable coartada jurídica, Sánchez presentó una moción de censura criticando «la corrupción del PP que ponía en riesgo la calidad de nuestra democracia». Prometía una regeneración democrática (como ahora recuerda), teniendo en «la transparencia» un pilar básico de la misma. Contrastar lo que motivó aquella censura, –la única vencedora de nuestra democracia– con la situación actual, exime de muchos comentarios. La ocupación de instituciones del Estado al servicio del sanchismo político, tiene hoy en concreto en la Fiscalía General del Estado y el CIS, un ejemplo demoledor de esa «calidad». España se organiza políticamente como un Estado social y democrático de Derecho que tiene en la división de poderes y la independencia del Poder Judicial una columna imprescindible del mismo. La Fiscalía General (del Estado) la ha convertido en un mero apéndice del sanchismo, que, en lugar de promover la acción de la justicia en defensa de la ley, promueve lo que le conviene a él: «¿De quién depende la fiscalía? Pues eso». La actuación del Fiscal General en los casos que afectan a su anterior titular –y antes ministra de Justicia para que no hubiera dudas al respecto– han merecido desautorizaciones del Tribunal Supremo por su mismo nombramiento y «desviación de poder» por quererla promover al TS y ahora a la fiscalía de Memoria Democrática, siendo de público conocimiento que su pareja, el «ex» juez Baltasar Garzón, se desempeña con un bufete especializado en casos vinculados a esa materia. Asimismo, las propias asociaciones profesionales de fiscales y el TSJ de Madrid se han opuesto a su intento de inadmitir a trámite, la denuncia de la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra el Fiscal General como responsable de un comunicado suyo que viola las normas relativas a la ley de Protección de Datos en materia tributaria. Del Cistezanos hablaremos.