A Dios rogando

Me da que va a ser que no. Quedan 126 días para la fecha en que Puigdemont, Junqueras, los zarrapastrosos de la CUP y su compinche Pablo Iglesias dan por seguro que celebrarán un referéndum independentista en Cataluña, pero tengo la impresión de que esta vez, a diferencia de lo ocurrido el 9N, se van a quedar con un palmo de narices. A los «gurus» de La Moncloa les ha costado darse cuenta que los separatistas están dispuestos a cualquier cosa para lograr su objetivo, pero al final lo han asumido. El detonante no han sido las rimbombantes declaraciones que llegan desde la Generalitat y sus aledaños, sino la reforma exprés del reglamento del Parlamento autonómico, que permitiría a los que se quieren separar de España aprobar una declaración unilateral de independencia y presentar ante el mundo la secesión como un hecho consumado, sin debate, sin trámites, sin garantías y sin margen apenas de reacción. Como les dijo Rajoy este fin de semana en Sitges a un montón de empresarios «los independentistas pretenden liquidar la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la unidad de España, la soberanía nacional y sacar Cataluña de Europa en un solo día». Y frente a eso, no caben zarandajas, pamplinas o paños calientes, como comenta a sus próximos el presidente del Gobierno. Dentro de cuatro meses, ese 1 de octubre que los de la estelada preparan con fruición, puede que en la sede de algún partido pongan cajas, pero no habrá urnas en los centros de enseñanza. Por varias razones y no sólo porque en las empresas a las que se ha encargado fabricarlas estén recibiendo llamadas de la Guardia Civil interesándose por el asunto. En 2014, cuando de los 7,5 millones de habitantes de Cataluña algo más de 1,8 votaron a favor de la secesión, sólo hubo una directora de colegio –de medio millar– que no cedió las llaves del edificio para usarlo en la consulta ilegal. Dolores Ajenjo confesó entonces que nunca pensó que sería la única y cuando se le preguntaba a qué lo atribuía, daba una respuesta acongojante: «Se teme más a la Generalitat que al Gobierno de España». Ahora la cosa pinta levemente distinta. Se hace llegar el mensaje a los funcionarios de que si les dan una orden, exijan instrucciones por escrito. También, que vulnerar la ley, aunque sea en grado de tentativa, tendrá un precio. Y que si hay que tirar del artículo 155 de la Constitución y suspender parcialmente la autonomía, se hará. A Dios rogando y con el mazo dando.