Acusaciones de manual

En el libro de estilo o, si prefieren, el manual de todo dirigente político, suelen ser coincidentes, con independencia del color del partido o el signo del Gobierno, los argumentos ante la Prensa cuando son preguntados a propósito de un caso de corrupción que presuntamente implica a otro dirigente político. Y aquí el manual distingue entre más de una variante: si el posible imputado –por fijar un nivel concreto dentro de los pasos de un proceso judicial– pertenece a las propias filas, se tira de la frase que vale para todos «respeto a la acción de la Justicia», y se añaden en función de la intensidad del caso y la relevancia del personaje los «confío absolutamente en su inocencia» o, incluso, hasta «pongo por él la mano en el fuego». Si pertenece a las filas rivales no hace falta cambiar la plantilla del respeto y no valoración de la acción judicial, pero incluso sin haber imputación –a veces es más que suficiente la admisión a trámite de una denuncia–, el manual recomienda la tan traída y llevada «debe asumir su responsabilidad política y abandonar el cargo».

El archivo de la presunta implicación de José Blanco en el «caso Campeón» contrasta con la ofensiva de su partido acusando a la juez Alaya poco menos que de ser el brazo ejecutor de la oposición en Andalucía ante las implicaciones de ex miembros de la junta en el «caso ERE». Más de un portavoz de partido político debería plantearse de cara a la comparecencia del presidente el jueves-1, si es bueno o no para el país accionar el gran ventilador del detritus gracias a un presunto chantajista recluido en Soto del Real. Blanco, Camps y muchos otros saben que sentencias absolutorias o causas archivadas no compensan daños políticos y personales irreparables.