Al grano, Mariano

Rajoy es mucho más listo que yo. Ya lo era en los Jesuitas en León, donde yo pasé interno el Bachillerato y él estuvo un par de años de mediopensionista, y lo sigue siendo ahora. Caso contrario, chocaría que él fuera presidente del Gobierno de España y yo un simple reportero de guerra, reconvertido en columnista. Dicho esto, les confieso que me tiene tan perplejo como angustiado. Todavía no he sido capaz de enterarme de cuáles son las «mesuradas» medidas que piensa adoptar para frenar en seco ese golpe de Estado tan «desmesurado» que está teniendo lugar en Cataluña. Y ayer hubo Diada en Barcelona y en menos de 20 días tienen previsto los independentistas echar el órdago con su referéndum. No voy a regodearme en el escarnio que supone ver al etarra Otegi, dirigente de esa banda que asesinó 54 inocentes en Barcelona, marchando abrazado a los zarrapastrosos de la estelada, o la flagrante ilegalidad de ese remedo de consulta popular, porque la indignidad de los apóstoles de la independencia me trae al pairo. Lo que me obsesiona hoy es el «Plan Rajoy» para hacer fosfatina el 1-0 y para empezar a revertir este despropósito en Educación, Justicia y Comunicación al que nos ha llevado no cerrar como se debía la España de las Autonomías. Acaba de decir Oriol Junqueras en una televisión nacional y en horario de máxima audiencia que no obedecerá si es inhabilitado y que no le preocupa el Tribunal Constitucional. Entiendo la tranquilidad del vicepresidente catalán, porque habrá visto que hace ya más de diez meses que el TC inició expediente de ejecución contra Carme Forcadell, por las tropelías cometidas por la presidenta del Parlamento durante el 9-N de 2014, y ahí sigue la paisana en su puesto, acogotando a los atribulados diputados de la oposición democrática. Puigdemont y el resto de dirigentes separatistas afirman sin pudor que su estrategia es seguir adelante, encadenando una ilegalidad tras otra, y que se pasan por el arco de triunfo lo que digan los jueces o las amenazas del Gobierno español. Ni la Generalitat ni el Parlamento rebelde van a acatar las sesudas providencias que les manden los jueces estos días y, para colmo, el sector «progresista» del TC filtra que no es partidario de decretar inhabilitaciones o suspensiones nominativas. Si los magistrados se la quieren agarrar con papel de fumar, que lo hagan, pero el señor presidente tiene la obligación de actuar y cuenta con medios sobrados para hacerlo. No es tiempo este de cálculos electorales o ñoñerías. Al grano, Mariano.