Bankia

La imputación de los responsables de la CNMV y del Banco de España por la salida a bolsa de Bankia en el año 2011 ha reabierto el debate sobre el rescate financiero en nuestro país, la actuación del Gobierno de turno, y la utilidad y auténtica finalidad de la creación de comisiones de investigación en los parlamentos sobre asuntos del pasado sobre los cuales, además, se han pronunciado ya los tribunales o se encuentran sometidos a su consideración.

Hasta este momento el tribunal había imputado a los gestores de la entidad y a su auditor por entender que sus cuentas cuando salió a bolsa no respondían a su verdadera situación financiera. Era poco comprensible que estando sometida a la supervisión del Banco de España y necesitando la autorización de éste y de la CNMV para poder hacerlo, ninguno de ellos estuviera afectado por esta imputación cuando ambos no se habían opuesto a la misma ni habían advertido problema alguno en las cuentas presentadas, salvo que se hubiera engañado a ambos. La aparición de cuatro correos de inspectores del Banco de España a sus superiores advirtiendo de la inviabilidad de la entidad fusionada y del quebranto que la salida a bolsa ocasionaría a los inversores deja clara la ausencia de engaño y ha determinado dicha imputación.

El Congreso había comprometido la creación de una comisión de investigación sobre la salida a bolsa, realizada bajo el Gobierno de Zapatero, pero vistas estas nuevas imputaciones el PSOE ha pedido extenderla hasta el año 2000 para tapar su responsabilidad, intentando enfangar al PP con el peregrino argumento de que el rescate bancario fue fruto del «boom» inmobiliario propiciado por aquél y su crisis posterior.

Es éste un ejemplo clarificador de que las comisiones de investigación en nuestro país tienen como único objetivo desgastar al contrario y no la aclaración de un hecho concreto o su revisión para tomar medidas que eviten su repetición en el futuro. Se trata tan sólo de provocar ruido mediático y de buscar un responsable político, aunque esa responsabilidad carezca ya de sentido por no estar los afectados en política activa. Y menos aún, cuando las responsabilidades legales, únicas por dilucidar, se están sustanciando ya ante los tribunales.

Recordemos que fue Zapatero y su Gobierno quienes en 20009 intervinieron la Caja de Castilla-La Mancha presidida por Hernández Moltó, pese a lo cual alardeó ante los jefes de gobierno de la UE, que saneaban sus maltrechos bancos, de que nuestro sistema financiero gozaba de una salud excelente. Olivas, presidente de Bancaja, declaró que el Banco de España le presionó para fusionarse con Caja Madrid. Zapatero dijo que la salida a bolsa de Bankia era decisiva para el sistema financiero español. Fernández Ordóñez añadió que fue un error decir a los mercados la verdad de la mala situación de nuestro sistema financiero. Y el ministro Guindos que cada día era más claro que la OPV de Bankia fue un error.

Con este cúmulo de declaraciones a lo largo de estos años, parece evidente que, al margen de las responsabilidades que tuvieran los dirigentes de estas entidades por su gestión, la decisión de fusionarlas y el diseño e imposición de las mismas se hizo con la participación, el conocimiento, el consentimiento y el acuerdo del Gobierno y la oposición al más alto nivel. Si llegará a ellos la investigación y las responsabilidades políticas y judiciales o se quedará en los supervisores y gestores, y si estos declararán y acreditarán que les fue impuesta o asumirán toda la responsabilidad lo veremos en los próximos meses. En todo caso un mal espectáculo parece servido nuevamente.