Desperdicio por la legalidad

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de dictar una sentencia ejemplar en la que establece que las cantidades compensatorias recibidas por una mujer que experimenta baja por maternidad no están sujetas al Impuesto sobre la Renta. Por añadidura, establece con toda justicia que Hacienda debe devolver lo que haya cobrado al respecto, ya que se trata de sumas que ha obtenido en contra de la legalidad. La resolución judicial no sólo es intachable sino que se halla cargada de sentido común. A cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento del derecho le resulta más que obvio que una subvención social percibida por maternidad no es lo mismo que un salario y que, por lo tanto, no puede estar sujeta al IRPF. Pues bien, ha sido conocerse la sentencia y la Agencia Tributaria se ha apresurado a señalar que considera que sólo tienen aplicación en ese caso concreto y que si alguien quiere devoluciones que vaya pleiteando porque no va a devolver ni un céntimo de lo que ha esquilmando sin razón a los contribuyentes. Semejante conducta es jurídicamente equivalente a la de un organismo del Estado que redujera a prisión a un ciudadano, exigiera que éste demostrara desde la cárcel que es inocente para devolverle la libertad y, acto seguido, tras verse aquél en la calle, se jactara de que piensa seguir comportándose de la misma manera porque le conviene. Esa conducta constituye una crasa manifestación de desprecio por la legalidad impropia no de una democracia sino de una nación civilizada. Sin embargo, la Agencia tributaria no es el único organismo que actúa así. Ahí están esos gobiernos nacionalistas de Cataluña que se pasan las resoluciones de los tribunales por el forro de la barretina o algunos ayuntamientos iluminados que advierten de que, diga lo que diga la administración de Justicia, van a convertir en peatonal lo que se les pase por la neurona. No es el español –como el italiano o el hispanoamericano– un ser que tenga entre sus virtudes la de respetar las normas, pero, sinceramente, si los que deben dar ejemplo se chulean de no obedecer a los tribunales, tampoco debería sorprender. Sólo me queda un consuelo. Después de que Montoro haya dispuesto que las transacciones en efectivo no pueden superar los mil euros, al menos, los sobornos a políticos, el tráfico de drogas y la trata de blancas se abonarán mediante cheque, transferencia bancaria o tarjeta de crédito y en esos casos, al menos, se respetará la legalidad.