Cástor Díaz Barrado

Diplocat y la lealtad

La Razón
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La decisión del Tribunal de Cuentas de abrir una investigación en torno a los gastos que se han llevado a cabo a través del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) no sólo tiene un sentido económico y de control de gastos sino que, también, nos permite reflexionar sobre una cuestión política de fondo y a la que, infortunadamente, el Estado español no ha dado respuesta desde 1978. La descentralización de la que gozamos ha traído grandes ventajas a los ciudadanos y ha diseñado un estado en el que las entidades subestatales tienen una gran importancia. El establecimiento de comunidades autónomas con amplias competencias no tiene por qué ser un inconveniente para el buen funcionamiento de los servicios públicos sino que, por el contrario, puede facilitar la cercanía entre la administración y los ciudadanos y, además, podría permitir el desarrollo regional. Pero el modelo acogido por el estado español puede provocar, también, relevantes desajustes y, sobre todo, puede constituir un motor de desigualdad. Por ello, es preciso que se adopten las medidas pertinentes para que el sistema autonómico español responda a sus propias esencias. La ausencia de lealtad constitucional de algunas comunidades autónomas es la clave de los perjuicios que causa este modelo en los ciudadanos y que quebranta al propio estado español. Diplocat es un buen ejemplo de esta situación. La capacidad de las comunidades autónomas de ejercer algún tipo de acción exterior debe estar en perfecta armonía con la política exterior española y, en modo alguno, se pueden adoptar decisiones que contradigan los componentes esenciales de la Constitución española. En realidad, España no ha sabido afirmar el poder que le corresponde al gobierno central en materia de política exterior y no disponemos de verdaderas herramientas jurídicas que impidan que se produzcan situaciones como las que han acontecido en Cataluña y que, si no se remedia, volverán a suceder. Es urgente que las principales fuerzas políticas pongan fin a estas situaciones en las que la falta de lealtad no sólo debe producir un reproche moral.