El Rey, en el limbo

En el preciso momento en que la abdicación se publique en el BOE, la persona de Don Juan Carlos dejará de ser inviolable y estará sujeta a responsabilidad. El artículo 56.3 de la Constitución, que blinda al Rey de comparecer ante los tribunales, ya no le amparará. De hecho, y por absurdo que parezca, el monarca pasaría de intocable a no estar ni siquiera aforado. Es muy improbable, ciertamente, que Don Juan Carlos pueda ser, ni aun levemente, inquietado judicialmente, pero no conviene minusvalorar el populismo justiciero que practican la izquierda radical y ciertos jueces afines que sueñan todas las noches con empapelar al macho alfa de los Borbones. El limbo jurídico en el que ingresan Don Juan Carlos y Doña Sofía no es alarmante, pero tampoco invita al sosiego por más que conserven el tratamiento de «Majestad». Es cierto que la figura del Príncipe de Asturias tampoco tiene estatuto propio ni goza de aforamiento, vacío normativo que si ha sido irrelevante hasta ahora, ha sido gracias a la conducta irreprochable de Don Felipe. No estaría de más que el Gobierno, a instancias de Felipe VI, analizara la situación sobrevenida y arbitrara una regulación, más allá del simple aforamiento, que evite sobresaltos innecesarios y disuada a los aprendices de Robespierre. Por lo demás, tranquilos. Mientras Jordi Hurtado siga gorjeando puntualmente a las tres y media de la tarde su «Saber y ganar» en La 2 nada perturbará la siesta de los españoles y algo tan excepcional como la abdicación de un rey puede ser digerido con entera normalidad. En cuanto a los republicanos de Sol, una vez que han descubierto consternados que Cayo Lara es en realidad un infiltrado de La Zarzuela, deben ser informados de que la Monarquía no caerá en tanto Antonio López no termine el cuadro de la Familia Real. O sea, que tenemos Felipe VI para rato.