El Tribunal Constitucional y Cataluña

La terminación del mandato del actual Presidente del Tribunal Constitucional ha puesto de nuevo en discusión el papel que esta alta institución del Estado debe jugar en relación al conflicto que con mayor gravedad afecta a la integridad territorial de nuestro país, el desafío independentista catalán.

En su despedida ha manifestado que la solución a dicho conflicto no le corresponde al Tribunal, -“la reclamación de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico no puede resolverla el TC”- y que la misma debe venir del diálogo y la cooperación. Y para apoyarlo ha señalado que el fallo dictado en 2014 anulando la declaración del Parlamento catalán declarando a Cataluña como sujeto soberano para decidir su destino no ha logrado parar el proceso ni conseguir los dos objetivos perseguidos: restaurar la legalidad constitucional y salvaguardarla, y recordar que la CE puede reformarse, pero por los cauces legalmente establecidos.

Su intervención suscita la duda de si considera que la reforma hecha por el Gobierno para atribuir competencias al TC para exigir el cumplimiento de sus fallos con sanciones a los incumplidores es suficiente y/u oportuna para conseguir disuadir a los líderes catalanes de sus pretensiones. La invocación al diálogo y la cooperación, y al fracaso de los objetivos que perseguía el fallo del año 2014 parecen indicar eso. Y es muy preocupante porque es ésta, quizás, la medida más contundente que hasta el momento el Gobierno ha tomado para tratar de frenar las reiteradas iniciativas de los independentistas catalanes.

La reciente condena a Mas y a sus Consejeras por el referéndum que no iba a celebrarse, pero se celebró, -aunque algunos digan que no se hizo, y por esa causa han sido condenados-, es un ejemplo más de lo que parece haber dicho el Presidente saliente del TC, por cuanto que las declaraciones posteriores de los líderes catalanes es de desafío ante dicho fallo, y de reafirmación del proceso, con la dotación presupuestaria de un nuevo referéndum y la aprobación de un instrumento que permita la “rápida” “desconexión” de España.

La única muestra de “debilidad” ante estos fallos parece haberse dado en Oriol Junqueras, Vicepresidente del Gobierno catalán y encargado de los preparativos del nuevo referéndum por delegación del Presidente Puigdemont, invitándole a que la convocatoria del nuevo referéndum se firme conjuntamente por todos los miembros del Gobierno, incluido aquél, para que todos corran la misma suerte, si se repite la inhabilitación con la que se ha condenado a Mas. Añadiendo, eso sí, que esto de la inhabilitación no ha de preocuparles.

Ojalá la vía judicial sea lo suficientemente disuasoria para evitar que el proceso vaya a más, pero no se puede esperar que esa vía sola arregle el problema tal y como ha señalado en su despedida Pérez de los Cobos, a la vista de las declaraciones, los desafíos y los acuerdos que siguen impulsando los independentistas. El diálogo y la cooperación que con tanto interés inició la Vicepresidenta del Gobierno se ha ido enfriando hasta casi haberse diluido. Es preciso, por tanto, adelantarse introduciendo reformas legislativas y penales que permitan al Gobierno tener instrumentos ejecutivos inmediatos para actuar contundentemente y definitivamente ante esos avances, y tener preparados los mecanismos del artículo 155 de la CE para no dudar en la forma de su aplicación cuando sea necesario.