Alfonso Ussía
¿Equiparación?... ¡Más!
Un Estado tiene siempre partidas presupuestarias que equivalen a tirar el dinero por las alcantarillas. Sucede que el dinero no termina en las alcantarillas, sino en los bolsillos de golfos y aprovechados. Los entornos del ecologismo «sandía», el feminismo profesional, la transexualidad y demás obsesiones de la izquierda acumulan centenares de millones de euros que de ser invertidos con justicia y acierto terminarían con escandalosos agravios comparativos.
No es admisible que los guardias civiles y los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, o lo que es igual, los que velan por la seguridad de todos los ciudadanos españoles y los que en España se encuentran legalmente establecidos o de paso, ingresen en su nómina un 40% menos que un Mozo de Escuadra o un «Ertzaina» o un agente foral. Menos que muchos policías municipales y locales. Si se consultara de verdad a los contribuyentes, una clamorosa mayoría de ellos aplaudiría la equiparación de salarios, e incluso, que los miembros de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía ganaran más que los agentes autonómicos. Unos nos sirven a todos y otros –lo han demostrado los Mozos de Escuadra recientemente–, se limitan a servir a algunos.
De siempre, los políticos en España han castigado la vocación de servicio. Militares y miembros de las Fuerzas del Orden son los perjudicados. Saben los gobernantes que jamás les causarán problemas. Pero si acude al ministerio de Agricultura o una consejería del mismo ramo un grupo de caraduras solicitando dinero para la «Fundación Salvemos a las Truchas», los de las truchas se forran, como hacen hoy los del lobo, el lince, el arrendajo y la oropéndola, que añaden a sus subvenciones el dinero que concede generosamente la Comunidad Europea. Lo mismo que gana un guardia civil o un policía nacional, lo ingresa el investigador oficial de excrementos lobunos. Un ganadero afectado por los ataques de manadas de lobos al sur del Duero, ante sus reses masacradas, tiene que aguardar la visita del experto en deposiciones caninas para que éste acredite que las reses han sido masacradas por los lobos para así obtener, al cabo de mucho tiempo, una ridícula indemnización. El experto en cacas de lobo gana lo mismo que un guardia civil o un policía nacional por atender, de cuando en cuando, la llamada de un ganadero desesperado. Aún se recuerda el rechazo de la ministra socialista Matilde Fernández a conceder 40.000.000 de pesetas a las Víctimas del Terrorismo destinados a becar a los hijos de los asesinados por la ETA, mientras se derrochaba el dinero público enviando a Libia a unos carotas que estudiaron durante seis meses la genética de la lenteja del norte de África. O los millones que afanaba una asociación dedicada a organizar «talleres femeninos de masturbación» y la publicación de la interesante revista «La Boletina», que el ministerio regalaba y distribuía entre las guarrillas que la solicitaban. No es una caricatura. Es una realidad. Si me preguntaran, mis impuestos no favorecerían al cine español ni a los expertos en cacas de lobo, pero sí a la Guardia Civil y al CNP. Entre las ONG, las organizaciones no gubernamentales que viven de las subvenciones gubernamentales, hay muchas de ellas dedicadas a la golfería y el abuso. Otras no, aunque dependan del Gobierno. Rascando de aquí y de allá y dejando a los chulos del sistema sin beneficios, se puede alcanzar un equilibrio presupuestario para dotar a quienes nos sirven, nos guardan y nos defienden con lo que merecen, que es mucho. No me uno a la protesta de la equiparación salarial de guardias civiles y policías nacionales con las de agentes autonómicos y locales. Y no me sumo porque se me antoja injusta. Tienen que ganar más que el resto. El Estado tiene recursos para poner las cosas y los sueldos de sus auténticos servidores en su sitio.
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