Escándalo de UGT... y del PSOE

La cuestión es: ¿hubiera sido posible el fraude monumental que UGT propició con dinero público sin el consentimiento o la vista gorda de la Administración que dotaba las partidas presupuestarias saqueadas luego por el sindicato? Hasta en 15 ocasiones, por ejemplo, alertó por escrito el interventor de la Junta de Andalucía contra el procedimiento (diseñado y aprobado por Magdalena Álvarez como consejera de Hacienda, Chaves como presidente y luego mantenido por Griñán) que permitía escapar del control público a las transferencias que terminaron enriqueciendo a sindicalistas vividores, políticos desalmados, aseguradoras carroñeras y amiguetes de todos ellos. Como siempre en estos casos, fue una denuncia valiente, pero colateral, la que permitió a una juez tenaz e insobornable tirar de la madeja para descubrirnos algo más grave que el timo de cuatro granujas.

Si Alaya va a sentar en el banquillo a dos presidentes de Andalucía (ambos también del PSOE, uno de ellos aún en ejercicio, aunque los dos ya convenientemente aforados en Madrid), a cinco ex consejeros y a decenas de altos cargos, junto a sindicalistas, empresarios, intrusos y demás aprovechados, hasta un total de casi 200 encausados, no estamos ante un «caso UGT», sino ante un entramado delictivo gestado al calor de la impunidad que terminó creyéndose el poder político tras 35 años de desempeño sin fin. Detrás de cada factura falsa, de cada ERE fraudulento, de cada curso de formación convertido en fiesta caribeña y mariscada, está lo que Alaya describió en un auto lúcido: un «sistema perfectamente establecido» en el que las ayudas se convierten en negocio bajo el «grandilocuente principio de la paz social». Cada uno hacía su papel y todos salían ganando. El régimen socialista en su latifundio andaluz.