Inseguridad

Por razones que no vienen al caso, muy frecuentemente mantengo conversaciones con asiáticos, americanos y, en menor medida, europeos que se plantean la posibilidad de invertir en España. En su inmensa mayoría, acaban decidiendo no hacerlo y sus argumentos son poderosos. Por supuesto, pesan mucho la crisis catalana y –bastante menos– Podemos, pero la inmensa mayoría alega la inseguridad jurídica derivada de lo que consideran arbitrariedad de la Agencia Tributaria. Una confirmación dolorosa de esa visión se ha producido en las últimas horas de la mano de una sentencia relacionada con un importante abogado español. Hace ya años que la Agencia Tributaria decidió exigir a infinidad de profesionales que tributaran por el IRPF y no por el Impuesto de Sociedades. La pretensión de la AT era contra Derecho y contra el sentido común, pero tuvo sus frutos. Abogados, artistas, periodistas, dentistas y arquitectos se aterraron y aceptaron pagar lo que no debían más discutibles recargos y multas. Recientemente, Manuel Pizarro señalaba que en esas acciones incluso se habían dado ajustes de cuentas. Con todo, algunos decidieron resistir en los tribunales. La AT bloqueó sus cuentas, impidió que cobraran el salario, embargó viviendas y, con mala suerte, los incluyó en lista de morosos exponiéndolos al linchamiento público. En algún caso, incluso llevó a los tribunales a los que no se dejaban avasallar acusándolos de delito de fraude. Lógicamente, los tribunales han ido quitando la razón a la AT una y otra vez. Por ejemplo, ya el 11 de mayo de 2010, una sentencia señaló que «no existe infracción del deber cuando los sujetos se amparan en la normativa más favorable para evitar la normativa más gravosa». El último vencedor en esta guerra entre la seguridad jurídica y la voracidad de la AT ha sido el abogado Pedro Ramón y Cajal. La AT no sólo pretendió cobrar al letrado cambiando el gravamen de las sociedades al de las personas físicas, sino que además lo arrastró a los tribunales por fraude fiscal. Al final –¿podía ser menos?–, la administración de Justicia ha dado la razón a Cajal y, guiada seguramente por los precedentes judiciales, la misma Fiscalía se ha negado rotundamente a respaldar los criterios de la AT. Sin duda, se trata de una victoria del sentido común y del ordenamiento jurídico. Pero ¿cuántas empresas han quebrado, cuántos empleados han sido despedidos, cuántas vidas han sido destruidas y, por añadidura, cuántos han decidido no invertir un céntimo en España por esta inseguridad derivada de la AT?