Justicia para Leopoldo López

Que la democracia languidece en Venezuela es un hecho constatado desde que el extinto Chávez instauró la revolución bolivariana en 1999, caracterizada por ser un proyecto ideológico socialista. Recordemos que el fin de esta revolución era llegar a la construcción de una nueva sociedad socialista en el siglo XXI, esto es, convirtiendo una ideología en la esencia del Estado, negándole legitimidad material al resto de las ideologías. Para que el sistema no se califique de dictadura, como por ejemplo la nuestra bajo el régimen franquista, donde el orden político se basaba en una única ideología, prohibiéndose el pluralismo político, se generó una suerte de pseudodemocracia, donde aparentemente concurren en libertad e igualdad las diferentes fuerzas políticas en las elecciones democráticas, obteniendo el partido del Gobierno, hasta las últimas legislativas, grandes victorias electorales. Como se ha demostrado la forma de controlar el régimen y asegurar resultados electorales es ejercer un gran control de la población a través del clientelismo, y un gran control sobre el poder electoral y judicial. Este sistema generaba victorias de la oposición en las alcaldías importantes, produciéndose con ello un factor de legitimación democrática del régimen. Pero pronto se vio que también estos alcaldes eran un peligro para la consecución de la revolución, y se pergeñó un sistema para acabar con los más importantes, para lo que era necesario la complicidad del poder electoral y judicial, afectos al régimen, tras una larga e inteligente purga de sus miembros. En este periplo, surge la figura de Leopoldo López, que, al intentar presentarse a la alcaldía de Caracas, fue inhabilitado previamente para ello de una forma ilegal, como así declaró la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, decisión no acatada por el Gobierno bolivariano. Lo que sucedió después, ya gobernando el acólito de Chávez, Maduro, es sabido; una manifestación no autorizada reprimida ferozmente por el sistema, muertes, incendios, y la condena de Leopoldo responsabilizándole de lo sucedido. Su caso ha sido revisado por la Corte de Apelaciones de Caracas en una especie de simulacro judicial, ratificando la condena a más de trece años de cárcel, y ello, no olvidemos, a pesar de la denuncia de uno de los fiscales actuantes en la primera instancia, que, tras huir del país, puso de manifiesto las tropelías ejecutadas contra López. Todo ello evidencia el control y sometimiento del Poder Judicial al Gobierno de Maduro y sus intereses. Esta falta de independencia judicial, y el uso torticero el proceso penal, hace que denuncias en estados democráticos como el nuestro, de reformas legales que, siendo criticables, se presentan como recortes a la independencia judicial, resulten frivolidades propias de estados democráticos fuertes, donde una leve afección quiere presentarse internacionalmente como una lesión del sistema, y sobre ello deberíamos reflexionar. En cualquier caso, y con todo en contra, en las últimas legislativas han ganado por una gran mayoría las fuerzas políticas opositoras el régimen, encontrándose la nueva asamblea legislativa con obstáculos impuestos desde el Gobierno y la Corte Suprema, algo que resulta gravísimo incluso en un régimen al que de democracia le resta muy poco. ¡Suerte!