La calma

La base sobre la que los nacionalistas han intentado cimentar su proyecto secesionista manifiesta tres importantes lagunas movedizas. La primera es la insolvencia económica del proyecto: los propios catalanes sabemos que los números no salen y sólo una parte muy fanatizada estaría dispuesta a sacrificar las pensiones de sus padres por una vana presunción de independencia. La segunda laguna son los dirigentes que intentan defender esa propuesta. De Mas se sabe que no quiere la independencia, pero que sólo la sostiene para no desplomarse como ese cadáver político en el que él, desde su inmenso error de las autonómicas, se ha convertido. Tejer un comité de sabios con figuras como Pilar Rahola solo ahonda esa laguna. A Pilar le tenemos cariño en Cataluña como tertuliana de la tele basura, pero entre un diagnóstico de tertulia de guardia y el del presidente de la Comisión Europea pues no hay color. La tercera, y probablemente la más profunda e importante, es la propia sociedad civil catalana. Los nacionalistas han pretendido arrogarse en exclusiva su representación, queriendo ignorar premeditadamente las cifras de votantes y los números demográficos. Los catalanes no nacionalistas que han visto, atónitos, como se intentaba suplantar su voluntad popular en los medios e instituciones han reaccionado, afortunadamente, con una madurez democrática y civil elogiable. Han buscado sus canales políticos para denunciar esa suplantación y lo han hecho con calma. Las amenazas de los ultranacionalistas sobre futuras ocupaciones de aeropuertos y edificios públicos no han hecho mella en su tranquilidad. De la misma manera que situar a Rahola en la cima intelectual de su ideología pone en evidencia dónde está el techo de su pensamiento, proponer tomar por la fuerza lugares públicos indica el concepto que tienen algunos de la democracia y el Estado de derecho. Los catalanes somos gente de orden, con un punto conservador que incluso tiñe nuestros partidos de izquierda (ERC es un partido del siglo pasado, con un imaginario muy años treinta). Por eso, al final, no nos gusta encontrarnos las estaciones o aeropuertos colapsados y agradecemos a la Policía local que los desaloje. No es extraño, pues, que cada día aparezcan más iniciativas catalanas que rechazan esas maneras y que piensan que el dinero público del propio Estado debería ser para quien defiende el Estado de derecho y no para quien quiere violentarlo.