La Generalitat española

La Generalitat de Cataluña es parte del «Estado español» y de acuerdo con el artículo 2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, el sistema institucional en que se organiza el autogobierno de esta comunidad. Está configurada por el Parlamento, la Presidencia de la Generalitat, el Gobierno y las demás instituciones que establece el Capítulo V del Título II del Estatuto. En tanto que organización institucional de una comunidad autónoma, se integra en el ordenamiento jurídico español y ejerce las funciones que le vienen atribuidas por dicho ordenamiento y, en especial, por la Constitución española y el Estatuto de Cataluña. Al estar sometida al conjunto del ordenamiento, la Generalitat no puede ejercer el poder público que le ha sido conferido al margen de las previsiones legales y, menos, contra ellas. Sin embargo, el Gobierno de la Generalitat y otras instituciones y autoridades públicas catalanas han optado desde hace años por desconocer su condición de autoridades e instituciones españolas y actuar como si el poder que ejercen fuera originario y no dependiente de otras instancias. Esta actuación supone una falta de lealtad institucional y la utilización de los recursos y autoridad públicos no solamente para fines no previstos en el ordenamiento jurídico, sino orientados a la destrucción del marco institucional del que deriva su misma condición de poder público. Esta deslealtad no solamente tiene consecuencias institucionales, sino que supone colocar a los ciudadanos y, especialmente, a los funcionarios públicos en una situación inadmisible, confrontados a la necesidad de atender órdenes o indicaciones contrarias al ordenamiento. El resultado es una anomalía democrática sin parangón en los países de nuestro entorno.

Que la Generalitat actúa al margen de la legalidad española y, además, orientada a la destrucción de ésta es más que evidente, siendo el auténtico motor del separatismo que hoy parece mayoritario en la sociedad catalana. La Generalitat, pese a la suspensión decidida por el Tribunal Constitucional, continúa sus trabajos para la elaboración de las estructuras administrativas que serían necesarias para conseguir la creación de un Estado en Cataluña. Se trata de una actitud consciente de desacato al ordenamiento vigente y que pone de manifiesto que la Generalitat se niega a actuar como una Administración española y pretende configurarse como un nuevo Estado. La vulneración sistemática de la Ley planea también sobre las actuaciones de las administraciones locales catalanas en las que sorprende su alarmante falta de neutralidad y su afán por desbordar su ámbito competencial. Esto explica que muchos consistorios estén lesionando gravemente con sus actuaciones los derechos y libertades de los ciudadanos, por ejemplo, al promover o tolerar el arrinconamiento de los discrepantes mediante una inadmisible invasión simbólica de los espacios públicos por parte de los separatistas, y todo ello adocenado con la burda manipulación de los sentimientos antiespañoles que, desde los medios públicos y los privados (convenientemente subvencionados), hacen que la situación en Cataluña se convierta en un problema que requiere una enorme inversión de contra-propaganda y de reconstrucción de unos puentes que hoy han sido destruidos desde la propia Administración española, es decir desde la Generalitat. Asistimos impávidos al suicidio de España.