La «hoja de ruta» de Puigdemont

Conocida la resolución del tribunal constitucional ya cursada al «JASI» –joven aunque suficientemente independentista– presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, a Carles Puidemont despejadas ya dudas –que haberlas las había– se le han señalado de forma diáfana los tres pasos que un Estado democrático le marca para garantizar su derecho –que por supuesto lo tiene– de optar a la presidencia de la Generalitat: uno, usted se vuelve antes del próximo martes a territorio español desde Bruselas, Copenhague o allá donde se quiera encontrar, por avión, barco, ferrocarril o acomodado en el maletero de un coche si así le satisface. Dos, usted se entrega a las autoridades policiales que convenientemente le conducirán previo breve paso por Estremera ante el juez Llarena. Y tres, pedirá usted a dicho juez el correspondiente permiso para acudir a un acto institucional donde, de manera presencial se sometería a su investidura antes de regresar a prision con carácter preventivo hasta responder de los presuntos delitos graves de los que se le acusa, todo ello en el improbable supuesto con el precedente en mano del no fugado Junqueras de que Llarena accediese a dicha petición. Este es, conocida la resolución del TC, el único y exclusivo recorrido que le queda a Puigdemont si sus planes de futuro se establecen de los Pirineos para abajo. O esto, o continuar de Pirineos arriba la sucesión de «numeritos» todavía con elenco de palmeros interesados pero con fecha de caducidad.

Apuntaré que me importa un bledo si la «fumata» del TC es para el Gobierno satisfactoria, aliviante, decepcionante o medio pensionista, porque hay cuestiones que sobrepasan detalles más propios del cortoplacista juego político. Lo que resulta realmente relevante es que el tribunal tras seis horas de reunión sabatina supo mantener el consenso interno para evitar el descrédito y el ridículo del Estado de puertas para afuera, pero también para liberar al Parlamento de Cataluña del brete de asumir una burla digna del peor bodevil y sobre todo para dejar meridianamente claro que no se trata prohibir ni de coartar el derecho que asiste a Puigdemont a ser investido, tan legitimo y legal como el que ejerció para ser candidato el 21-D, sino de dejar claro y sentado algo tan obvio como que la opción telematica a distancia, los testaferros y el voto delegado serían tan denigrantes por burlescos para el Parlament y para los ciudadanos en él representados, como crear –pongamos por caso– un un «chat» entre los diputados de la cámara autonómica para que, sin moverse de sus domicilios pudieran diligenciar votaciones, discursos, propuestas de ley y controles al Gobierno mediante el grupo de «wasap». Ergo, como se hace harto difícil contemplar un gesto de valentía de Puigdemont –ni siquiera apareciendo con peluca a lo Carrillo–, la alternativa parece clara: o Torrent propone a otro a ser posible libre de cargas con la justicia o se mantiene el 155, por cierto para mayor gozo –ya veremos eso de las llamadas a la insumisión– de funcionarios y proveedores que ya cobran religiosamente a su tiempo.