La sacralidad de las Cortes

Lo sé, cuesta esta expresión, «sacralidad», pero no me refiero a usurpar el lugar de Dios, sino a reconocer valores esenciales, como el de la palabra dada. Hubo un tiempo en que simplemente darse la mano sellaba un contrato, era «sagrado». Desde luego, hablar de «sacralidad del Parlamento» exige ser demócrata, es decir, respetar el voto y a los representantes del pueblo. Por el contrario, están emergiendo sectores que desprecian el estado de derecho y repiten los errores de algunos europeos de la primera mitad del siglo XX que ponían en duda los resultados de las urnas. La Constitución reconoce el derecho de reunión y de «manifestación autorizada», pero hay quien programa cercos ilegales al congreso o actos de coerción de políticos electos (lo llaman «escraches»). El último capítulo ha impedido a Alfredo Pérez Rubalcaba hablar en la universidad de Granada. Lamentable. Semejantes faltas salen ahora del Código Penal y es lógico que al menos reciban sanción administrativa. Es verdad que fijar castigos de 600.000 euros era excesivo, pero el proyecto de ley del Gobierno rebaja ahora a 30.000 la sanción por rodear la Cámara, una cantidad equiparable a la multa de 20.000 euros que en Alemania comporta manifestarse frente al Bundestag. El Parlamento británico está rodeado por un muro de hormigón de cuatro metros y medio de alto... pero los europeos parecen tener menos dificultad para proteger las sedes de la soberanía popular y comprender que son esenciales para la libertad. Urge una educación institucional, no sólo en la escuela, sino por parte de todos nosotros, periodistas, políticos, padres. La ignorancia está generando graves peligros, como la idealización y exaltación de los regímenes bolivarianos. Apenas anunciada una posible Ley de Seguridad Ciudadana, la Coordinadora 25S convocaba un nuevo «Rodea el Congreso» para el sábado 14 de diciembre. Estoy convencida de que no es tanto por maldad cuanto por ignorancia. Se desconoce que las sedes de la soberanía popular son sagradas en democracia. Algo similar ocurre cuando se insulta a la policía o cuando se ocupa el espacio público durante meses para hacer un campamento, como si la calle no fuese de todos. Y qué decir del incumplimiento de los servicios mínimos: la ley francesa establece que el derecho de huelga ha de respetar a su vez el derecho al trabajo, la libre circulación o el libre comercio. Los mecanismos de protección del Estado de Derecho –lo único que nos protege de la ley del más fuerte– son calificados por ciertos sectores de «represivos» y «fascistas». El fascismo fue justo lo contrario.