Matar al soldado D'Hont

Hoy miércoles es el primero entre un previsible elenco de «días clave» que se irán sucediendo hasta conseguir...., o no, la investidura sin duda más cara en nuestras casi cuatro décadas de actual etapa democrática. La dirección nacional del PP se cita para valorar y votar una oferta de Ciudadanos centrada en seis puntos –podían haber sido tranquilamente tres o doce– que se cuantifica en el «sí» a la investidura de Rajoy. Así de gráfico, 170 escaños sumado el de Coalición Canaria e insuficientes, por chocante que parezca, de mantenerse el PSOE en su negativa rotunda a un gobierno de los populares. Pura aritmética.

Lo más amargo para el PP llegado el caso de una investidura sin plenas garantías no sería sólo el frente de socialistas, Podemos y soberanistas, 180 del «no» sin alternativa frente a 170, sino el hecho de acabar asumiendo con luz, taquígrafos y a futuro unas condiciones en gran parte leoninas. El Partido Popular afronta el elenco de «deberes» que Rivera le puso a Rajoy sobre la mesa, todo sea por salir del atolladero, y es especialmente uno de esos requisitos el que se muestra como la auténtica madre del cordero en lo que puede ser nuestro futuro devenir político. La reforma de la ley electoral propuesta por Ciudadanos no sólo requeriría de un cambio constitucional mas allá de simples retoques, sino de un amplísimo consenso que trasciende el acuerdo PP-Ciudadanos e implica directamente a un PSOE hoy por hoy en claro riesgo de hemorragia interna.

Lo de la reforma del sistema electoral no es que sea nuevo, desde los albores de la Transición fue caballo de batalla para quienes desde el PCE –después IU– veían cómo casi dos millones de votos se quedaban en el mejor de los casos en 21 escaños contrastando con la facilidad para obtener representación de unos partidos nacionalistas, que ayer eran bisagra de estabilidad en defecto de minorías centristas liberales a la europea, pero que hoy representan un desafío soberanista con el que, remitámonos a las pruebas, es imposible todo pacto. La novedad pasa porque es una formación con 32 escaños y clave para la gobernabilidad la que pone la exigencia sobre la mesa, y eso hace que todos se tienten la ropa. No es gratuito; Ciudadanos sabe dónde le aprieta el zapato de la ley D’Hont. Con su propuesta de reforma, socialistas y Podemos habrían mantenido escaño arriba o abajo su resultado del «26-J», pero el PP habría obtenido 17 menos y curiosamente 15 más la formación de Rivera. Naranja y con asas.

La reforma cambiaría la esencia misma de unas campañas electorales que dejarían de pivotar en torno a «restos» y pequeñas circunscripciones clave. Ésa es la auténtica condición, la de verdad entre el elenco de media docena que hoy analiza una dirección popular con la mosca tras la oreja de que el «sí» a Rajoy sea antesala de una legislatura marcada permanentemente por el arbitrario pulgar hacia arriba o hacia abajo de los intereses de PSOE y C’s desde una equidistante oposición. Ojito.