Mejor bajar el «SMI»

El Gobierno ya tiene decidido prorrogar el Plan Prepara, es decir, la ayuda de 400 euros que reciben aquellos parados que han agotado todas sus otras prestaciones.

Tal transferencia extraordinaria fue implantada originalmente por el Ejecutivo de Zapatero y se ha terminado convirtiendo en una especie de irrenunciable «derecho social». A la postre, para muchos resulta totalmente razonable que aquellos parados incapaces de encontrar una ocupación reciban algún tipo de suma de las Administraciones Públicas. En realidad, cabría debatir largamente sobre la legitimidad de este tipo de subsidios estatales, pero en este caso ni siquiera hace falta llegar tan lejos. Como ya hemos expuesto, la ayuda se concede a aquellas personas incapaces de encontrar un empleo tras haber agotado todas sus otras prestaciones.

Sucede que, en nuestras sociedades profusamente hiperreguladas, muchas personas no pueden hallar una ocupación por la existencia de las leyes de salario mínimo: todos aquellos trabajadores que no son capaces generar una riqueza igual o superior a la establecida por el salario mínimo (alrededor de 9.900 euros anuales, esto es, unos 825 euros mensuales), se ven expuestos a la prohibición de trabajar por un salario inferior al mínimo. O dicho de otra manera, si un joven de 20 años no tiene pericia suficiente para contribuir a generar cada mes unos ingresos empresariales de 825 euros (en realidad, a generar bastante más que esa cifra, pues no estamos incluyendo las contribuciones a la Seguridad Social), en España tiene prohibido trabajar.

Semejante prohibición suele justificarse moralmente por cuestiones de dignidad: «no es digno trabajar a jornada completa por menos de 825 euros mensuales y, por tanto, lo prohibimos». Sin embargo, al parecer sí es digno que una persona perciba 400 euros mensuales a cambio de no trabajar (Plan Prepara). ¿Por qué es más digno cobrar 400 euros sin trabajar que cobrarlos trabajando? No lo es y, por ello, antes de otorgar ayudas extraordinarias a quien no encuentra empleo por culpa de la existencia de leyes de salario mínimo deberíamos probar por derogar, o al menos por suspender extraordinariamente, tales normativas inhabilitadoras.