Francisco Rodríguez Adrados
No he de callar
No he de callar por más que con el dedo ya tocando la boca, ya la frente
silencio avises o amenaces miedo»...
...dice Quevedo en la primera de sus «Sátiras». Llega el momento en que un ciudadano puede y debe denunciar lo que sucede.
Todo el mundo lo ve y se abre paso descarado en Cataluña. Allí un Gobierno y unos partidos en principio legales han dejado de serlo y promueven acciones para romper la legalidad: amenazar el futuro de España. Sin razón.
Jamás han existido un estado ni una nación catalana. Que no se comparen con Escocia. Nadie los conquistó, todo fue cosa de tratados y bodas. La lengua misma, contra la que nadie objeta si no nos es impuesta, era un conjunto de dialectos locales –hasta la reforma de Pompeu Fabra–, ya en el novecientos. Ahora intentan exportarla a Valencia y Baleares y hacerla obligatoria en Cataluña. Y envenenan las relaciones con España, que eran normales y siguen siéndolo mientras los fanáticos no las distorsionan.
Ciertamente, existe la libertad, hay puntos concretos que es posible debatir y mejorar. Y existe la prudencia, que exige ver y esperar mientras no hay nada grave. Pero también existe la obligación del Gobierno y de todos de poner límites a la disensión, a la ruptura de los consensos y de la ley y de la propia civilidad. A la pretensión de un grupo de convertir en ley la ilegalidad, de imponer un supuesto futuro ahora mismo, por la violencia o por votaciones fuera de todo contexto legal –dentro sólo del que aprueban ellos mismos–.
Esta revolución, ya escribí aquí sobre ella, tiene precedentes: entre otros, el de la Segunda República, cuando el Presidente autonómico nombrado de acuerdo con aquella Constitución, el Sr. Companys, se apartó de ella, salió al balcón de la Plaza de San Jordi y proclamó el Estat Catalá: la Cataluña independiente. Y el Gobierno de la República envió a Cataluña el Ejército y metió al Sr. Companys en la cárcel.
Aquello que había prometido Azaña, que con el Estatuto catalán Cataluña iba a ser una balsa de aceite, resultó una gran mentira. Habría de llorarla amargamente él mismo.
Pues bien, ahora otra vez. Con una respuesta del Gobierno absolutamente floja. Evidentemente, el Sr. Rajoy (y los socialistas) pensaban que aquello se apagaría por sí solo. Pues no: nuevos estatutos, «derecho a decidir», insultos a España, sacos de mentiras y amenazas. Cada vez peor. Los socialistas y demás se acomodaban entre esperanzas, recogiendo en tanto unos votos miserables. Ahora parece que se van enterando: entérense del todo, pues.
Por supuesto, es comprensible el intento de Rajoy, habría tenido éxito si hubiera dado con unos interlocutores razonables, no con gente de hybris –ya saben, la de los héroes trágicos–. Fracasan y les toca sacar las consecuencias.
De otra parte, hasta, humanamente, podría comprenderse el intento socialista de entenderse con algunos catalanes y ganar de paso algunos votos. Pero han fracasado, toca sacar las consecuencias. Esas propuestas de diálogo, de reforma de la Constitución, de ceder, son ya irrisorias. Toca, repito, sacar las consecuencias. Sin perder la esperanza de que, algún día, en el otro lado aparezca una persona razonable.
La política de ceder e ir tirando mientras crece la amenaza, ha fracasado. ¿Por qué no se han usado los dictados de la Constitución, que estamos, sin quererlo, dejando que se muera? Pues no. La Constitución es ultrajada por los unos, dejada inerme por los otros. Creo que ha llegado, llegó hace tiempo, la necesidad de detener esta agresión.
De que haya de verdad «convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes» (Preámbulo), de que se respete «la indisoluble unidad de la nación española» (art. 2), de que de verdad los partidos sean «libres dentro de la Constitución» (art. 6), de que entre los españoles no pueda haber «discriminación alguna por razón de nacimiento» (art. 14), de que sea verdad que «los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España» (art. 30), de que si una Autonomía «no cumpliere sus obligaciones... o actuare de forma que atente al interés general» el Gobierno pueda, tras los trámites legales, obligarla a ello.
Los sucesivos gobiernos, no sólo el de Rajoy, han fallado. Y yo no soy quién para hablar de medidas penales concretas, pero cualquiera que sepa leer concluirá que algo ha fallado. Que esos políticos, esos partidos, esa autonomía deben ser apartados del poder político.
Ha llegado el momento de que el Estado y la Ley se impongan. Con legalidad, por supuesto. Yo no he participado en la práctica política, pero he escrito sobre ella en periódicos de varia orientación y en libros sobre la democracia. Estoy, estamos obligados a no callar. En círculos universitarios y culturales he colaborado, como otros tantos, con los catalanes, y ellos con nosotros. Ahora todo esto, todas nuestras vivencias, que en alguna medida subsisten, aunque amenazadas, deben ser defendidas de los fanáticos, de los agresores de España, de Cataluña y de la civilidad. Están envenenando a un pueblo español.
No hay alternativa a la inserción de Cataluña en España y a la armonía resultante de ella. Cuanto más se tarde en llegar a esto, en decir NO simplemente, NO al suicidio para nosotros, pero más para los catalanes, más difícil, más insoluble el problema que han creado se hará.
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