Policía y Estado de Derecho

La entrevista en un diario nacional al ex responsable operativo de la Policía revela el peligroso funcionamiento en el que han incurrido algunos miembros de las instituciones del Estado encargadas de proteger los derechos y garantías jurídicas de los ciudadanos. Señala que «creó un equipo al que encargó investigar casos que, aunque ya juzgados y sentenciados, consideraba que no se habían resuelto correctamente». Nada menos que el 11-M, el «caso Faisán», y el asesinato de Marta del Castillo, sin que hubieran aparecido nuevos indicios o actuaciones judiciales. La razón para revisar lo juzgado es que «en medicina siempre se pide una segunda opinión», y porque «es un atisbo de modernidad» (sic). ¿Por qué esos y no otros? «Porque no se puede permitir que un Estado no entregue el cadáver de una hija asesinada a su padre».

Respecto al 11-M dice que, «aunque no ha leído el informe, se diluyen teorías y se aclaran cosas que estaban en la nebulosa», sin aclarar cuáles. Cuando se reclama el informe, no aparece, y cuando lo hace, parece que no dice nada de eso. Y añade que él «desclasificaría» esos informes. ¿Qué dicen realmente, a quién se los entregó, qué ha hecho con ellos, quién y porqué los ha clasificado, confirman o alteran lo juzgado, se han comunicado al juez?

Que públicamente afirme que la Policía investiga lo ya instruido y juzgado a su antojo ocultando el resultado; que impute a personas o entidades conductas delictivas sobre hechos que reconoce no poder probar; que justifique la obtención de informaciones o pruebas por medios torticeros al margen de los cauces legales para ello, y que todo el mundo graba las conversaciones para justificar las hechas al ministro del Interior en su despacho, o las que se producen entre dos partes enfrentadas de la Policía, filtradas a la prensa, y en las que se ponen de manifiesto el uso interesado de sus recursos para fines espurios al margen de la ley y los procedimientos judiciales, es extremadamente grave y requiere una urgente actuación del Parlamento y la Fiscalía para aclarar lo ocurrido, porque están en juego el Estado de Derecho, la defensa de las garantías judiciales, la protección de los derechos fundamentales y evitar el uso torticero del aparato del Estado para fines personales o partidistas, vulnerando la ley y poniendo en duda la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de algunos miembros de la Justicia y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

La gravedad de esta situación, aumentada por la guerra intrapolicial y con los servicios de inteligencia que a diario recogen los medios de comunicación, con amenazas de utilización de informaciones sensibles y acusaciones de malas prácticas entre ellos, se debe a la falta de reacción ante graves episodios anteriores como los que tuvieron lugar cuando un «agente infiltrado» de la Policía acusó en portada de un diario nacional al CNI de quedarse con los fondos reservados para el rescate de españoles secuestrados en el exterior, o al conocerse que un ex ministro de Defensa admitió haberse llevado miles de folios de un despacho oficial sobre un asunto sensible, sin consecuencia en ambos casos.

Acabar con este modo de actuar y restablecer un funcionamiento ajustado a la ley y al derecho que impida caer en un Estado policial es una prioridad y una exigencia en la que la Justicia, los medios de comunicación y el Gobierno tienen un papel esencial. La renovación iniciada por el ministro del Interior es un paso, pero se necesita todo lo demás.