Pongamos orden

No me digan que no firmarían ahora mismo por tener un padre con la cantidad de dinero suficiente como para que les financiase todo lo que se conoce como gasto necesario: la hipoteca, el seguro médico, los plazos del coche, el IBI, el colegio de los niños, la comunidad de vecinos... De esa manera ustedes dispondrían de su sueldo mensual para invertirlo en extras que podrían ser todo lo sensatos o extravagantes que quisieran: viajes de placer, clases de respostería fina, «liftings» faciales, alfombras iraníes... La vida nos sería a todos mucho más fácil con unos progenitores dispuestos a hacerse cargo de todo aquello que nos supone un sacrificio pecuniario de modo que lo nuestro fuera simplemente el «dolce far niente». La cuestión, en el caso que nos ocupa, es que el hipotético patriarca forrado está de deudas hasta la clavícula y que sufragar la irresponsabilidad de unos le supone tener que despojar a otros de una herencia justa.

Es lo que ocurre con los gobiernos de algunas comunidades autónomas que pretenden continuar con el derroche de los dineros que ellos recaudan, invirtiéndolo en embajadas, subvenciones sui generis y demás florituras mientras papá Estado se ocupa de nutrir unos servicios esenciales de los que los ciudadanos se verían desprovistos sin su tutela.

Es de cajón que estos vástagos irresponsables, que no pueden o no quieren discernir lo necesario de lo accesorio, son los culpables del descalabro no sólo de sus cuentas, sino de las del resto de la prole, pero tampoco puede tirar la famosa piedra bíblica quien, desde un concepto de la paternidad erróneo, consiente el abuso. O el Gobierno organiza el dinero que se gasta y establece firmemente en qué se gasta, o habrá unos cuantos abusones que continuarán dilapidando la herencia común mientras condenan a sus hermanos de sangre a seguir chupando un lápiz sobre la calabaza de la injusticia.