¿Por el bien de todos?

Como no tenemos suficientes problemas ahora, hemos decidido enfrascarnos en encendidos debates sobre la propiedad de la mezquita de Córdoba. No me pregunten por qué en este momento, porque durante ocho siglos ha pertenecido a la Iglesia católica de facto, y desde 2008, cuando se procedió a inmatricularla dentro de lo que establece la ley hipotecaria, también de manera legal, o sea que tiempo para discutir este asunto ha habido de sobra.

El hecho es que, independientemente de que se puede hablar con sosiego de cualquier cosa, ciertos argumentos que manejan algunos de los que defienden la expropiación del templo para convertirlo en un bien de titularidad pública –lo que podría entenderse– son falsos. El primero de ellos, que peligra su estatus de Patrimonio Mundial de la Unesco. Fuentes de la organización ya han aclarado que no hay ninguna intención de replantear el tema, así que quienes mantienen esa tesis o no se enteran o mienten. El segundo argumento peregrino alude al rendimiento económico que obtiene la Iglesia a la que se le vuelve a recriminar que esté exenta del pago de impuestos como el IBI, del que por cierto también están liberados todos los inmuebles que pertenecen a Patrimonio del Estado, colegios, cuarteles, hospitales, comisarías, estaciones, consulados, universidades, fundaciones, la SGAE, federaciones deportivas y, por supuesto, mezquitas y sinagogas. De todos éstos, nadie dice ni pío, pero de la Iglesia se habla con una virulencia que confirma que detrás del debate que hoy llega al Senado hay un interés más partidista que colectivo. Que la Iglesia sea dueña de lo que lleva siendo dueña ocho siglos no causa ningún perjuicio a nadie y buscar motivos de fricción para enfrentar a una sociedad que ya va sobrada de problemas sólo significa que todavía hay quien sigue fiando su supervivencia al divide y vencerás.