Que sea sólida

Decididamente, los tiempos y la lógica judicial no coinciden con los políticos. Hace poco criticaba que desde el poder político se exija rapidez a los jueces que investigan casos de corrupción, ahora se exige de nuevo rapidez, pero al Ministerio Fiscal para acusar.

La Justicia debe ser igual para todos, lo que no quita para que la acción de la Justicia –en este caso para pedirla– sepa barajar las circunstancias de cada caso. No es lo mismo acusar a un ciudadano anónimo que al presidente de una comunidad autónoma, y las diferencias aumentan si se tiene presente el caso del que estamos hablando: se trata de querellarse contra el máximo responsable de una autonomía que está en el centro de la tensión política y que puede desencadenar una reforma constitucional.

Ese dar a cada uno lo suyo, que es en lo que consiste la Justicia, exige prudencia también para acusar. En Derecho, los delitos se tipifican en el Código Penal, no en las ruedas de prensa ni en las tertulias ni en los periódicos y, además, el Código se aplica conforme a un acervo jurisprudencial. Finalmente, el fiscal general actuará en contra del criterio de la Fiscalía de Cataluña. Lo deseable es que esté claro que las discrepancias han sido jurídicas, y que el principio de oportunidad en materia penal –que también se pondera en estos casos– ha sido oportuna y objetivamente valorado.

Echar mano del principio jerárquico propio de la organización del Ministerio Fiscal será conforme a Derecho, pero no es bueno que haya sido así, al menos en este caso. Que la querella tenga una base sólida ya queda en un segundo plano y lo que prevalecerá es que frente al criterio de sus subordinados desde Madrid el fiscal general, que está en el organigrama del Ejecutivo, ha decidido querellarse. Sólo cabe esperar a la solidez jurídica de su decisión.