Renovables en peligro

El sector renovable se declara muy defraudado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, según cabe apreciar en la reacción de las principales asociaciones nacionales de energías renovables (APPA, Anpier, Protermosolar y UNEF), que se oponen frontalmente al Real Decreto-ley 2/2013; manifestando, además, la falta de seguridad jurídica de las industrias de renovables en España.

Al juicio de esas asociaciones, el RD-L citado es una muestra de la grave discriminación con que actúa el Gobierno en contra de las energías que aprovechan las fuerzas de la naturaleza: solar, eólica, biomasa, marina, etc. Que verán reducida su retribución en casi 500 millones de euros en 2013, mientras el resto del sistema eléctrico aumenta sus ingresos en más de 1.000 millones.

La nueva política antirrenovables constituye un ataque frontal contra el criterio del 70 por ciento de los europeos, y el 81 por ciento de los españoles, que consideran las alternativas como la opción a potenciar. Más concretamente, según el Flash Eurobarometer 360 de la Comisión Europea, los españoles estiman que sólo así cabe potenciar e independizar gradualmente el futuro energético del país.

Por lo demás, y en función de los datos publicados por la Comisión Nacional de Energía (CNE), puede inferirse que más del 76 por ciento del déficit tarifario generado entre enero y noviembre de 2012 no guarda relación con las primas satisfechas a las energías renovables; que tienen además muchos impactos favorables: ahorro en importación de combustibles fósiles, emisiones evitadas de CO2 y otros gases de efecto invernadero, empleos generados en la fabricación en España de toda clase de instalaciones, etcétera.

En resumen, el Gobierno ha dado un mal paso adelante, por mucho que quiera justificar los recortes con la política de austeridad. Se van a poner en peligro muchas de las realizaciones más razonables de nuestra actividad energética en los últimos años, con un coste final que resultará muy superior a lo que se pretende ahorrar.