Repaso del fiscal al juez

El repaso del fiscal Pedro Horrach al juez Castro a propósito de la imputación de la Infanta Cristina tiene pocos precedentes. Es apabullante. Después de leer el durísimo alegato aumentan las dudas sobre la imparcialidad de este juez en este caso. El fiscal anticorrupción desmonta los argumentos del instructor, al que viene a acusar de incompetencia o mala fe, por haber urdido una teoría conspiratoria –«absurda y denigrante tesis de una supuesta manipulación tendenciosa»– llevada a cabo por parte de los inspectores de Hacienda y del selecto Grupo de Delincuencia Económica de la Policía, para liberar del banquillo a la hija del Rey. Lo malo es que esta evidente desconfianza de Castro hacia la Hacienda Pública y la Policía, lo mismo que hacia la posición exculpatoria que defiende el fiscal, ha ayudado a que la desconfianza en la Justicia y en las instituciones públicas aumente en la calle de la mano de las redes sociales y de determinados medios de comunicación que ya han decidido y firmado la sentencia condenatoria de la Infanta y, si les dejan, la liquidación de la Monarquía y del Papa de Roma.

Para evitar que se siga manteniendo la tesis inculpatoria de doña Cristina basada en esta teoría conspiratoria o manipulación tendenciosa, el fiscal Horrach solicita al juez algo que parece razonable: que antes de que declare la Infanta lo hagan como peritos los inspectores de Hacienda que no ven delito en la actuación de la hija del Rey y la inspectora jefe del equipo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional. Que ellos expongan y defiendan sus argumentos exculpatorios antes de seguir adelante. De paso, se sobrentiende, se pide al juez que tenga también en cuenta este durísimo informe del fiscal que le quema ahora sobre la mesa del despacho. En él se advierte que sobre las dudas, que el propio juez confiesa en su razonamiento de más de doscientas páginas, y que, según el fiscal, están más que justificadas, no se puede fundamentar una imputación. Esta no ha de basarse en conjeturas, sospechas o especulaciones. Tampoco pueden confundirse con delitos los posibles reproches éticos, que es el principal riesgo de toda esta instrucción. La falta de ejemplaridad de una persona, sea o no de la familia real, no la convierte automáticamente en delincuente, a la que hay que sentar en el banquillo, obligándola, si es famosa o conocida, a un happening continuo y hasta al inmoral paseillo mediático para entrar en el Juzgado. Que es, lo que a juicio del fiscal Horrach, hace el juez Castro, adquiriendo con ello una discutible celebridad. La obcecación y el amor propio no deben confundirse con la valentía. Y menos en un juez, al que sólo se pide que sea justo y ecuánime, y, si es posible, compasivo y generoso. En este caso, el fiscal Pedro Horrach parece apropiarse de la queja de Quevedo: «Donde hay poca justicia es peligroso tener razón».