Sindicatos y externalización

En nuestro país existen muchos ejemplos de gestión privada, o particular, de actividades públicas. Uno de ellos es MUFACE, la Mutualidad General de Funcionarios del Estado. Aunque dependa de la administración, es un organismo autónomo que se encarga de gestionar las prestaciones sociales de los funcionarios, en particular la sanidad, las incapacidades y la jubilación. Pertenece a en un régimen distinto de la Seguridad Social. Otro ejemplo tradicional, esta vez de gestión privada de fondos públicos, es el de la enseñanza concertada. Y otro, también clásico, es el de la formación a cargo de las organizaciones patronales y los sindicatos. Como señalaba ayer LA RAZÓN, en 2013 los sindicatos recibieron 13,9 millones en ayudas para la formación, el 47,8 % de todas las subvenciones gubernamentales. En 2010, en plena crisis, los sindicatos llegaron a recibir hasta 29 millones en subvenciones para cursos de formación.

En vista de lo ocurrido en la UGT de Andalucía, el Gobierno se está esforzando por supervisar el uso de estos fondos. Es lógico: una de las cosas que tiene que hacer el Estado en España es volver a tomar el control de las actividades que son de su responsabilidad, algo en lo que la dejación, como se está viendo, ha llegado a ser escandalosa. En cambio, no parece que esté en las intenciones del Gobierno suprimir esas partidas. Los sindicatos seguirán por tanto encargados de gestionar un servicio externalizado, en este caso cursos específicos de formación profesional.

Si los sindicatos participan como gestores privados en la externalización de estos servicios, es de suponer que no se oponen a la externalización en sí. En cambio, han considerado inadmisible que en las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular se proceda a la externalización de algunos servicios sanitarios. La externalización, como saben bien los sindicatos, no es privatización. La externalización se basa en la colaboración entre la administración pública y unos organismos ajenos a la administración. Los sindicatos saben también, por su larga experiencia en el asunto, que la externalización aprovecha la experiencia de los gestores y la mayor flexibilidad de estos en la asignación de recursos. La decisión del presidente de la Comunidad de Madrid acaba por el momento con esta vía. Es posible que lo que ahora es una victoria para los sindicatos se convierta de aquí a algún tiempo, cuando el peso de las administraciones sea insostenible, en un drama para todos. (También es verdad que nadie, en medio de un proceso tan complejo como este, debía haber abandonado su puesto).