Suma y sigue

La página web del «Gobierno legítimo» impulsada por el cesado Carles Puigdemont y los ex consellers que lo acompañan en Bélgica, además de haber provocado una partida de caja importante entre los internautas a cuenta de la chapuza del semi borrado del botifler Santi Vila, podría sumar un nuevo delito a los cinco que ya se les imputan al gerundense y compañía: el de usurpación de cargo público contemplado en el artículo 402 del código penal que define el ilícito como «aquella conducta delictiva que reviste forma de falsedad personal consistente en el ejercicio de actos propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndose carácter oficial, careciendo de las condiciones precisas para su ejercicio».

Puigdemont ya no es nada ni dentro ni fuera de nuestro país, que es el suyo, más allá de un fugado, con ínfulas, de la justicia española. Ninguno de los que aparece en la foto es miembro de ningún gobierno legítimo. Ni siquiera los «miembros» olvidados del ex conseller Vila que tras el pitorreo generalizado han desaparecido tan misteriosamente como el resto de su figura. Aquí el problema está en que algunos –bastantes– le siguen bailando el agua y están dispuestos a obviar la ruina social y económica que este señor y su gobierno destituido han provocado a quienes dicen defender, para volver a votarle el próximo 21 de diciembre.

Hace treinta y seis años Josep Tarradellas ya vaticinó que la megalomanía y la ambición de algunos volvería a llevar a Cataluña a un estado lamentable rompiendo «los vínculos de comprensión, buen entendimiento y acuerdos constantes que habían existido entre Cataluña y el Gobierno de España». No se equivocaba; como tampoco se equivocó cuando dijo aquello de que en política se puede hacer todo menos el ridículo; es evidente que Puigdemont no se ha enterado, y –esto es peor– los que apuestan por reponerlo al frente de la Generalitat, tampoco.